La Diputación Permanente de la LX Legislatura del Estado dio entrada para su estudio y posible respaldo a un acuerdo parlamentario del estado de Guerrero, por el que se exhorta al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, a que haga lo conducente para integrar una reforma integral del sistema de seguridad y justicia en el país para un efectivo combate a la delincuencia organizada.
El documento fue turnado a la Comisión Permanente de Protección Ciudadana y en él se pide al mandatario federal que pondere y reflexione más la pertinencia de presentar en el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión la iniciativa de reforma constitucional y legal que impulse el nuevo modelo policial, basado en 32 policías estatales con un mando único.
Asimismo, que se convoque por la Presidencia de la República, conjuntamente con los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal, a una conferencia nacional de autoridades responsables de la seguridad y justicia, con la participación de los poderes Legislativo y Judicial.
Lo anterior, señala el documento, con el fin de establecer las bases legales, ritmos y plazos para llevar a sus últimas consecuencias la reforma integral del sistema de seguridad y justicia, sustentada en la justicia acusatoria, adversarial y alternativa, descentralizando atribuciones y responsabilidades, así como concertar esfuerzos institucionales y ciudadanos para el combate a la delincuencia organizada.
El acuerdo busca que todas las autoridades locales y la ciudadanía actúen conjuntamente para lograr ese gran compromiso social, por lo que el Congreso de Guerrero solicita a las demás legislaturas de los estados lo respalden y promuevan, a fin de que entre todos se encuentren las alternativas más idóneas para fortalecer el federalismo y la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública y justicia.
En un segundo punto, el acuerdo pide también al gobierno de la República deje sin efecto el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación del 16 de junio pasado, en donde se establece que el INEGI será el encargado exclusivo de realizar la encuesta nacional sobre seguridad en el país y restablecer a la sociedad civil, en particular al Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, la facultad de intervenir en las mediciones de la criminalidad en México.
Cabe destacar que la LX Legislatura del Estado aprobó la Ley de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, que establece que la seguridad de los ciudadanos está a cargo de los cuerpos de seguridad pública, bajo un mando único, sin contravenir los objetivos que se persiguen.
Así, por un lado, el Ministerio Público y las policías seguirán en la tarea de investigación y persecución de los delitos, cumpliendo con el mandato constitucional y, por el otro, actuarán en materia preventiva.
