Ahora sí se le están agotando los recursos legales al Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, acusado de asociación ilícita, incumplimiento de deberes y encubrimiento.
Hoy, una comisión del Congreso recomendó quitarle el fuero para que pueda ser procesado penalmente.
“Consideramos que es oportuno retirar la inmunidad al Presidente para que sean los órganos legales, en este caso el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los que hagan el trabajo especializado que ellos saben hacer y determinen si es culpable o no el Presidente”, dijo el diputado Fernando García, del opositor partido Libertad Democrática Renovada (Líder).
La comisión legislativa que investiga a Pérez Molina presentó su informe al pleno del Congreso dos días después de que la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima autoridad judicial del país, le negara un amparo con el que evitaría el antejuicio.
Según la acusación, Pérez Molina tiene responsabilidad directa en fraudes millonarios en el sistema de aduanas y el seguro social, que involucran a altos funcionarios de su Gobierno y que desde abril pasado han mantenido al país en una crisis institucional.
“El Presidente de Guatemala vuelve a estar en la cuerda floja”, opina Carlos Figueroa, sociólogo especializado en procesos políticos y violencia de Guatemala y profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
“Este sábado se está convocando a una marcha que arrancará de la Corte Suprema de Justicia y llegará hasta la Plaza de la Constitución.
“Será una marcha de antorchas en la que probablemente habrá una asistencia grande porque la noticia de lo dispuesto por la CC estimulará la participación popular.
Los ojos estarán puestos ahora en el Congreso, que deberá tomar la decisión final sobre el futuro del Mandatario.
“A ver cómo se juegan las negociaciones políticas en el Congreso y (a ver) si esta comisión pesquisidora toma una decisión que pondría al Presidente al borde de la renuncia: quitarle la inmunidad y aceptar el antejuicio”, agregó Figueroa.
El país centroamericano celebra elecciones presidenciales en septiembre; los guatemaltecos indignados con la corrupción exigen su renuncia antes de los comicios.
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