El fundador de Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil, Carlos Morales Sánchez y Cecilia Ruíz, expresaron su preocupación por la grave situación de contaminación del Río Salado, haciendo un llamado a las dependencias de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), conocer el tema de la contaminación del Río y implementen las acciones correspondientes para recatarlo.
Los miembros de esta Asociación Civil, lamentaron que el juez federal en Oaxaca, en primera instancia negó la protección federal en el Juicio de amparo 1798/2014, denunciaron en entrevista, los representantes de Litigio Estratégico Indígena Asociación Civil (LEI), Carlos Morales Sánchez y Cecilia Ruiz, respectivamente.
Por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso y es la que está revisando el juicio de amparo a solicitud de la atracción número 425/2015 de la segunda sala.
La SCJN va a decidir si el juicio de amparo puede ser idóneo para salvar el Río Salado y, si el fallo judicial puede revertir el deterioro ecológico. Esto sí el juicio de amparo puede ser un verdadero instrumento de defensa en materia ambiental, el Río Salado puede tener otro destino, pues es necesario salvarlo, consideraron los representantes de la LEI.
Según que no están de acuerdo con la grave contaminación del Río Salado y de acuerdo a las nuevas posibilidades que la Nueva Ley de Amparo de 2013, otorga para judicializar derechos económicos y sociales, promovieron dicho amparo bajo el número 1798/2014, argumentando que la contaminación del Río Salado (por acción o inacción de las autoridades) viola los derechos humanos a la salud, a la justicia ambiental y al medio ambiente adecuado.
Carlos Morales Sánchez y Cecilia Ruíz, fundado de Litigio Estratégico Indígena (LEI) y estudiante de la Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca” (UABJO), acusaron que no existe voluntad por parte de las dependencias federales de cuidar el ambiente como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), pues pesan en su contra de estas dependencias encargadas de cuidar al medio ambiente expedientes por denuncias de contaminación a pesar que reconocen la contaminación no actúan.
Montiel Cruz
