Los diputados Maximino Vargas Betanzos, del PRI, y Flavio Sosa Villavicencio, del PT, coincidieron este miércoles en demandar que la Auditoría Superior del Estado (ASE), que dirige Carlos Altamirano Toledo, revise la actuación de los encargados de administraciones municipales en la entidad.
El objetivo es que la ciudadanía conozca el quehacer estos funcionarios y sepan cómo han manejado los recursos públicos municipales en decenas de localidades de la entidad, puntualizaron los Legisladores.
Durante la sesión ordinaria de la Diputación Permanente de la LXI Legislatura, efectuada este miércoles, Vargas Betanzos se pronunció porque en los municipios de la entidad donde prevalecen problemas poselectorales, haya contralores sociales que sean nombrados por la ciudadanía.
“Esto último, para evitar que en muchas localidades los contralores municipales sean amigos del presidente o su propio chofer”, puntualizó el Diputado del Partido Revolucionario Institucional, quien consideró también que en varios municipios de la entidad debería haber Consejos de administración, donde los ciudadanos tuvieran facultades ejecutivas.
Consideró igualmente que es necesario que el titular del Poder Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría General de Gobierno (Segego), retome la designación de los administradores municipales para buscar un equilibrio político que evite la postergación de problemas que sólo enriquecen a quienes ostentan ese cargo.
A su vez, el diputado Flavio Sosa Villavicencio, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) un informe detallado sobre las auditorías practicadas a las gestiones de los encargados de la administración municipal en 46 localidades de la entidad.
En sus consideraciones, resaltó que la rendición de cuentas es uno de los componentes esenciales en los que se fundamenta un régimen democrático y consiste en la capacidad de exigencia de los ciudadanos para hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones.
Sin embargo, subrayó que “en Oaxaca son pocos y poco eficaces los mecanismos que tienen los ciudadanos para exigir cuentas a los funcionarios municipales”.
“Parte de la explicación reside en que a pesar de que la Constitución política estatal establece un sistema de pesos, contrapesos y rendición de cuentas, en la práctica rendirlas no es prioridad de los gobiernos municipales”.
Sosa Villavicencio refirió que mediante el decreto número 25 de la LXI Legislatura local, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 31 de diciembre de ese año, nombró encargados de la administración municipal en 11 localidades.
De igual manera, mediante el decreto 26, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 31 de diciembre del 2010, el pleno de la LXI Legislatura facultó a la Junta de Coordinación Política del Congreso local para que nombrara, de ser necesario, a los encargados de la administración municipal en localidades donde las elecciones sean revocadas por resolución de los tribunales electorales del Estado o federal.
Para ello, fueron designados encargados de la administración municipal en 46 ayuntamientos; sin embargo, hasta la fecha sólo en 11 se cumple con ello, precisa el documento enviad por el diputado Sosa Villavicencio.
En la iniciativa con punto de acuerdo se señala que en el mismo decreto número 25 se estableció que los encargados de la administración municipal serían auditados mensualmente por la ASE, durante el tiempo de su encargo.
En este sentido, considera que si el pleno de la LXI Legislatura del Estado fue quien avaló la designación de los encargados de administraciones municipales, “es lógico que esta soberanía deba ser quien conozca la labor de los mismos y ello es de vital importancia”.
El legislador Sosa Villavicencio puntualizó que si las y los ciudadanos no tienen la posibilidad de tener acceso a la información sobre cómo el gobierno usa los recursos públicos, no hay forma de que controlen a este último.
La iniciativa con punto de acuerdo fue turnada a la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado.
Al inicio de la sesión ordinaria de la Diputación Permanente se guardó un minuto de silencio en memoria de quien fuera Juez, Magistrado Numerario y Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Mario Vargas García, quien falleció este fin de semana.
