El senador del PRD Benjamín Robles Montoya presentó un punto de acuerdo para que la Procuraduría General de la República (PGR) informe al Senado de la República sobre la estrategia que la actual administración federal habrá de implementar en materia de combate al lavado de dinero.
La mesa directiva de la Cámara de Senadores recibió en la sesión de este jueves la propuesta del integrante de la Comisión Permanente de Justicia y la turnó a la Comisión de Hacienda para su dictamen.
Respecto de la propuesta, Robles Montoya explicó:
“El Procurador General de la República se comprometió a presentar ante esta Soberanía un plan de trabajo en el término de 90 días. Estamos seguros de que el tema del lavado de dinero habrá de ocupar un lugar importante en dicho plan, sin embargo no por ello deja de ser relevante y urgente conocer los datos que arroja la labor de las instancias encargadas del combate al lavado de dinero en nuestro país. De ahí la necesidad de solicitar un informe a la Procuraduría General de la República acerca de la labor, recursos y resultados de sus unidades especializadas en la materia”.
Y es que, refirió que el 18 de enero, la Cámara de Diputados dio a conocer un estudio elaborado por su Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis, intitulado “Lavado de Dinero, Estudio Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la Nueva Ley en la Materia en México”. El estudio estima que el monto de lavado de dinero en nuestro país asciende a casi 10 mil millones de dólares al año, lo que representa el 3.6% del Producto Interno Bruto.
“Debemos recordar –dijo- que el tema de lavado de dinero cobró relevancia durante el sexenio pasado, no tanto por los montos extraordinarios de dinero como por las críticas a la estrategia de combate a la delincuencia organizada que emprendió la anterior administración federal, que privilegió el uso de la fuerza dejando intactas las estructuras financieras y el poderío económico de las organizaciones criminales”.
Por lo anteriormente expuesto, propuso la proposición con punto de acuerdo, para que el Senado de la República solicite respetuosamente al Titular de la PGR un informe detallado acerca de las condiciones y recursos técnicos, materiales, financieros y humanos con que cuentan la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación y Alteración de Moneda, y la Unidad Especializada en Análisis Financiero para el ejercicio de sus funciones.
Así como los resultados que ha arrojado la labor de la Unidad Especializada en Análisis Financiero desde su creación, la estrategia que la actual administración federal habrá de implementar en materia de combate al lavado de dinero y los mecanismos de coordinación existentes y los que en lo sucesivo se contemple implementar con otras instancias, para la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
