El Senado de la República exhortó a los gobiernos estatales y congresos locales de las entidades federativas a incorporar en su legislación las normas necesarias para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas, al registrarse un rezago de 15 años en la aplicación de esta obligación plasmada en la Constitución Política.
Con este objetivo, solicitó también a las comisiones estatales de derechos humanos celebrar convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), para acceder a servicios de traducción e interpretación.
De igual forma, solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados incluir dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016, los recursos necesarios para que las dependencias y entidades encargadas de la administración y procuración de justicia, y la defensa y protección de los derechos humanos, puedan cubrir los servicios de peritos intérpretes y traductores.
Desde hace 15 años se estableció esta obligación para las autoridades de Estado, sin embargo, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas registra que actualmente hay ocho mil indígenas recluidos en centros penitenciarios y sólo se cuenta con 28 defensores públicos que conocen sus lenguas.
El senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del PRI, se manifestó por el reconocimiento jurídico de 364 lenguas indígenas obliga a garantizar el pleno respeto de los derechos de los pueblos y el acceso a la justicia de sus ciudadanos.
Finalmente, se pronunció por fortalecer los acuerdos entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y los gobiernos estatales, para lograr un marco legal uniforme en toda la nación, por lo que en la discusión del presupuesto se debe de destinar los recursos suficientes para intérpretes y defensores de oficio conocedores de sus usos y costumbres.
