*Rafaela Hernández Chávez, exlíder de la APPO, desestabiliza trabajos en el municipio
Autoridades del municipio de Tlalixtac de Cabrera encabezados por Guillermo Regino Hernández y Anastasio Santiago Lorenzo, solicitaron de forma voluntaria una auditoría a la federación para esclarecer los hechos de corrupción en los que un grupo minoritario de inconformes los ha involucrado.
Con estas acciones, los encargados de la política interna de este lugar, regido por el sistema normativo interno o usos y costumbres, pretende demostrar que los únicos beneficiados económicamente durante esta administración ha sido el grupo de Rafaela Hernández, exlíder de la APPO.
Las autoridades recordaron que la también expresidenta de este municipio, realizó una serie de acciones ilegales para pretender destituirlos al conformar una Comisión para la observancia del proceso de entrega-recepción y acreditación de los nuevos concejales.
El 20 de agosto del 2015, el edil y el síndico Guillermo Regino Hernández y Anastasio Santiago Lorenzo, respectivamente, convocaron a una Asamblea comunitaria para separar por tiempo indefinido a Daniel López Lorenzo, quien fungió por un año como regidor de hacienda.
Lo anterior ante una serie de irregularidades que pretendían manchar la imagen y el trabajo que han desempeñado los representantes del Ayuntamiento. De acuerdo a las pruebas en poder de este medio de comunicación, López Lorenzo quiso involucrar tanto al presidente como al síndico en la compra de una motoconformadora.
Los señalamientos de desvíos de recursos realizados por López Lorenzo por la compra de esta maquinaria, fueron aclarados por el cabildo municipal encabezado por Guillermo Regino Hernández.
Ante estos hechos, los representantes populares enviaron también una serie de citatorios al funcionario para esclarecer este hecho, pero hasta este momento no se ha presentado.
Sin embargo, ésta convocatoria fue aprovechada por la expresidenta Rafaela Hernández Chávez, para secuestrar a las autoridades municipales y nombrar de manera ilícita a un nuevo cabildo bajo el argumento de que el edil Guillermo Regino Hernández no había demostrado trabajo alguno.
Con una serie de pruebas se demostró que los integrantes del cabildo, presidente, síndico y demás, no fueron destituidos de la administración municipal ya que la Asamblea municipal preparada por la mujer fue amañada.
Debido a la inconsistencia legal de dichos actos, el Instituto estatal de participación ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), calificó como nulo el proceso de elección de las supuestas nuevas autoridades.
Ante este motivo, el grupo de Hernández Chávez acudió al Tribunal Estatal Electoral (TEE), en donde impugnaron el acuerdo IEEPCO-CG-SIN-2/2015 e interpusieron el juicio JDCI7/60/2015. Al lograr la impugnación, este grupo sorprendió a la autoridad con falsos argumentos.
Antecedentes
La asamblea informativa acordada por el cabildo el 20 de agosto para avalar los hechos y señalamientos del regidor Daniel López Lorenzo, fue aprovechada por la exlíder appista Rafaela Hernández Chávez, para echar abajo el trabajo logrado por esta administración.
Con la ayuda del regidor de Hacienda y Tesorero Municipal Crispín Santiago Calderón y Luis Miguel Bautista Cabrera, respectivamente, la mujer pretendió nuevamente involucrarse en los asuntos municipales.
Manipulados por la mujer, ambos exfuncionarios municipales intentaron por primera vez manchar la imagen de los representantes del cabildo municipal al involucrarlos en un presunto fraude en contubernio con la empresa “Coorporativo MNS S.A de C.V”.
Sin embargo, días después, las autoridades aclararon su relación con la misma, e interpusieron una denuncia ante el perjuicio al inmueble del Ayuntamiento, en donde incluso, ambos funcionarios que posteriormente fueron destituidos habían fungido como testigos, y a los cuales se les ha llamado a comparecer pero no han acudido.
Con un pagare se dio a conocer que Crispín Santiago Calderón, quien era regidor de Hacienda en el año 2014 así como Luis Miguel Bautista Cabrera, Tesorero Municipal, extorsionaban a las empresas constructoras.
Situación que provocó la destitución del cargo de ambos funcionarios. En el recibo fechado el 22 de agosto de ese año, se evidencia a los dos ciudadanos, ya que el representante de una empresa firma dicho documento por una cantidad superior a un millón 350 mil pesos.
A través de algunos medios impresos locales se exhibió a Santiago Calderón por exigir el diezmo a las empresas constructoras.
A la fecha se sabe y con las pruebas presentadas, que estos dos personajes manipulados por Hernández Chávez, obtenían ganancias del 10 y 20 por ciento por chantajear y extorsionar a las constructoras.
Ante esta situación, habitantes y autoridades de dicha municipalidad exigieron al gobierno del estado y a los órganos electorales, evitar que personas ajenas y conflictivas provoquen un desorden social.
Además, exigieron a la federación auditar los recursos que reciben, así como los que se han ejecutado para demostrar que, por su parte, no han incurrido en ningún desvió de recursos, por el contrario, sólo han trabajado por el beneficio de su comunidad.
Carina García
Vía Viral Noticias
