A trabajar para lograr que las instituciones realmente funcionen y sancionen o por lo menos coadyuven a sancionar casos de corrupción de funcionarios en el desempeño de los cargos públicos, propuso el senador del PRD Benjamín Robles Montoya
“En un régimen que se precie de ser democrático es inaceptable pasar por alto y omitir investigar cualquier indicio, cualquier indicio por mínimo que sea, de un posible acto de corrupción cometido al amparo de un cargo público”, asentó ante el pleno de la Cámara de Senadores.
Durante la discusión del dictamen para que exigir a la Secretaría de la Función Pública y de la Auditoría Superior de la Federación den a conocer el resultado de la investigación en contra del extitular de la extinta Comisión Federal de Telecomunicación, Mony de Swaan, y otros ex funcionarios, Robles Montoya señaló la cuestionada actuación de esa dependencia desde su creación y del titular desde su nombramiento.
La extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, señaló, fue sin duda una institución que debió desempeñar un papel muy relevante, al ser órgano rector de un sector estratégico para el desarrollo del país como lo son las telecomunicaciones. Pero por el contrario, su actuación estuvo siempre marcada por la polémica, por la sospecha, por decir lo menos.
“Baste recordar a manera de ejemplo el nombramiento mismo de su último titular, el señor Mony de Swaan, ese nombramiento que fue duramente cuestionado al señalársele como un incondicional del entonces titular de la Secretaría de Comunicaciones, han surgido los señalamientos que dan lugar al dictamen que hoy discutimos, relativos a adquisiciones por adjudicación directa de productos y servicios con los que ya contaba la Comisión”, refirió.
Asimismo, criticó que la Secretaría de la Función Pública es una dependencia próxima a desaparecer, porque a lo largo de su existencia, desde que se le denominaba Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, se caracterizó siempre por su poca trascendencia y por dejar en la impunidad los grandes casos de corrupción en la administración pública, sancionando únicamente asuntos menores.
En cuanto a la Auditoría Superior de la Federación, expuso que aun cuando se reconoce la importancia y la trascendencia de su labor de fiscalización, carece de impacto jurídico su labor de fiscalización, ya que no suele ejercer sus facultades para interponer denuncias ante el Ministerio Público y coadyuvar con éste en la investigación de probables delitos.
“Aun cuando no estamos facultados para juzgar y sentenciar al señor Mony de Swaan, sí podemos trabajar para lograr que nuestras instituciones realmente funcionen y sancionen o por lo menos coadyuven a sancionar casos de corrupción como los que dan lugar a esta proposición”, puntualizó el senador oaxaqueño.
