La Procuraduría General de la República (PGR) inició desde hace 14 meses la indagatoria que derivó en la intervención del albergue La Gran Familia que fundó Mamá Rosa, y de otro inmueble identificado como Casita de Yamira, en el mismo predio en Zamora, Michoacán, como parte de la investigación en la que participaron agentes encubiertos, y en cuyo operativo de cateo se autorizó la participación del Ejército para seguridad perimetral.
Durante ese lapso, la investigación se fortaleció con al menos 16 declaraciones ministeriales (a las que el juez que ordenó el allanamiento de la casa hogar concedió credibilidad), una denuncia de hechos, dos comparencias, dos ampliaciones de declaración, dos dictámenes en psicología, fe ministerial de documentos, fuentes abiertas y directas, y seis informes de las áreas de investigación y de infiltración de la Policía Federal.
Estos son algunos de los elementos de prueba que tomó en cuenta el juez Quinto Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, Miguel Bonilla López, para otorgar a la PGR la orden de cateo 317/2014-I para que las autoridades obtengan más pruebas, y en la que consideró que se trata de un caso que “no es de índole ordinaria”.
En el mandamiento judicial, Bonilla López sostuvo que, ante el clima de violencia e “inestabilidad social” que privan en Michoacán, resulta conveniente autorizar que el Ministerio Público pidiera, incluso, el apoyo de las fuerzas armadas para proteger a los menores de edad y presuntas víctimas de secuestro y explotación durante el operativo en el albergue de Rosa del Carmen Verduzco, Mamá Rosa.
La participación de federales y militares en el cateo del 15 de julio provocó críticas y protestas de más de 20 intelectuales, incluso del escritor francés Jean-Marie Le Clézio, premio Nobel de Literatura 2008, que cuestionaron el operativo policial.
El 6 de mayo de 2013, la PGR determinó iniciar la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITMPO/78/2013, que estuvo precedida de un “acta circunstanciada” que se abrió por presuntos delitos en La Gran Familia.
Posteriormente, el agente del Ministerio Público de la Federación reunió una serie de pruebas con las que integró la indagatoria PGR/SEIDO/UEITMPO/9805/2013, por los delitos de privación ilegal de la libertad, trata de personas, delincuencia organizada y lo que resulte, “en contra de quien resulte responsable”.
Para obtener la orden de cateo, se remitieron al juez copias certificadas de diversas constancias que se allegó como elementos de prueba como declaraciones ministeriales, comparencias, dictámenes en materia de psicología y los reportes de elementos de las direcciones generales de operaciones Técnica de la División de Investigación y de Infiltración de la Coordinación de Operaciones Encubiertas de la División de Inteligencia de la Policía Federal.
Las pruebas se reunieron entre mayo de 2013 y julio de 2014, y el día 10 del presente mes se realizó la inspección ocular de los inmuebles a catear en Zamora.
En uno de los partes policiales que se anexaron a la solicitud de allanamiento del albergue, con fecha del 5 de febrero 2014, señala que agentes encubiertos reportaron que durante todo el mes de enero de 2014 observaron salir por las mañanas, desde las nueve horas y regresando por la tarde aproximadamente a las 17 horas, a varios menores de edad, quienes abordaban una camioneta color verde con logotipos de Sidral Aga, placas de circulación NN 78321 de Michoacán.
Señalaron que los menores iban acompañados por varias personas que laboran en la escuela federal de la casa hogar La Gran Familia, “entre ellas Rosa del Carmen Verduzco, y recorrían varios lugares de Zamora y Jacona, “y se les veía a los menores pidiendo dinero de puerta en puerta por ambas aceras de las calles”.
Según el parte, acudían a establecimientos como Walmart, una aseguradora de autos, Elek-tra, tiendas de ropa, ferreterías, consultorios médicos, tiendas de abarrotes, joyerías y en la central de abasto.
Además se remitieron declaraciones de denuncias sobre las condiciones infrahumanas de la casa hogar, maltratos y explotación, así como testimonios de que Mamá Rosa mantenía internadas a presuntas víctimas, aun cuando habían cumplido la mayoría de edad, para explotarlos laboralmente, trabajar en el albergue o porque reciben algún apoyo económico del gobierno estatal o municipal.
Por su parte, el juez que otorgó la orden de allanamiento sostuvo que los inmuebles que fueron cateados se encuentran en una entidad en la que hay alto índice de criminalidad y de inestabilidad social, lo que ameritó cuidar la seguridad tanto del personal que participó en la diligencia como de las personas que habitan el albergue.
Agencias
