La Procuraduría General de la República asumirá la investigación de la matanza de 72 inmigrantes en un rancho en el norteño estado de Tamaulipas, por considerar que es un delito federal, dijo hoy el portavoz gubernamental en materia de seguridad, Alejandro Poiré.
Ante un grupo de corresponsales extranjeros, Poiré explicó que “la Procuraduría General de la República ha decidido atraer las investigaciones en las próximas horas para garantizar una indagación debida y poner a los responsables en manos de la Justicia”.
El portavoz ratificó la decisión del Gobierno mexicano de mantener su lucha contra el crimen organizado para evitar “que se vuelvan a repetir episodios tan lamentables como el de esta semana”.
Calificó la matanza como “hechos terribles y lamentables” y dijo que el Gobierno mexicano ha expresado sus condolencias a los Gobiernos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Brasil, ya que las víctimas identificadas hasta el momento son ciudadanos de esos países.
Las autoridades mexicanas habían identificado hasta ayer a 31 de las 72 personas asesinadas, de las cuales 14 son hondureños, 12 salvadoreños, 4 guatemaltecos y uno brasileño. Las 31 personas fueron identificadas gracias a diversos documentos que portaban.
Un ecuatoriano que logró escapar malherido es el único sobreviviente de la matanza y fue quien alertó a las autoridades sobre este hecho.
Los cadáveres fueron hallados el pasado martes en un rancho cercano al municipio de San Fernando gracias a las informaciones del superviviente.
Poiré explicó que las autoridades continúan con el proceso de identificación de los cuerpos de manera cercana con las representaciones consulares de esos países, en “un esfuerzo encabezado por la cancillería mexicana y conjuntamente con las fiscalías local y federal”.
El portavoz indicó que esta matanza se dio en el noreste de México como resultado de un enfrentamiento que mantienen el cártel del Golfo y el grupo de los Zetas, y que según indicios, “sugieren un proceso de debilitamiento y destrucción entre los carteles”.
