Los peritajes que realiza la Procuraduría General de la República (PGR) para esclarecer el caso de los dos estudiantes normalistas asesinados cuando bloqueaban la Autopista del Sol podrían complicarse porque autoridades de Guerrero no aplicaron de manera correcta los protocolos de investigación.
Luego de que la dependencia atrajera el caso, también se indagan supuestos abusos y tortura de policías locales contra alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
Funcionarios de la dependencia destacaron entre las presuntas irregularidades que no se realizaran de manera inmediata pruebas de radizonato de sodio a policías federales, municipales y estatales para determinar quien o quienes dispararon contra las víctimas el lunes pasado.
Señalaron que los rastros de pólvora pueden ser eliminados con diversas sustancias y pueden desaparecer a las 48 horas de haber accionado un arma de fuego.
Tampoco pusieron a disposición del Ministerio Público las armas que portaban ese día los policías de las diferentes corporaciones que participaron en el operativo desplegado tras el bloqueo de un tramo de la carretera Chilpancingo-Acapulco, en la caseta Palo Blanco.
Además la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero recibió denuncias de que policías ministeriales detuvieron a más jóvenes normalistas, quienes no fueron presentados ante el Ministerio Público ni se encuentran entre los 24 que fueron liberados por falta de pruebas.
Daniel “N”, uno de los normalistas detenidos, declaró: “Fuimos torturados de manera física y psicológica por los policías ministeriales y estatales de Guerrero. Nos golpearon cuando nos detuvieron, al tiempo que nos amagaban con sus armas.
En un auditorio del Gobierno del estado, nos obligaron a quitarnos la ropa y bajo amenazas y golpes, nos tuvieron tirados boca abajo con las manos a la nuca por más de cinco horas”.
Milenio
