La PGR culpó al juez Efraín Cázares López del fracasó del michoacanazo, por lo que presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal para que se revise su actuación.
La dependencia aseguró que el juzgador liberó a los acusados de vínculos con el crimen organizado tomando en cuenta criterios contrarios a jurisprudencias y superiores jerárquicos.
Más aún, no descartó la posibilidad de que resuelva a favor el proceso que se sigue contra Luis Servando Gómez Patiño, hijo de Servando Gómez Martínez, La Tuta, operador de La Familia.
Así lo denunció el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, quien señaló que el juez primero de distrito con sede en Michoacán se excedió en sus facultades a la hora de dictar sus resoluciones.
“No coincidimos con los criterios, con el manejo y las resoluciones del juez; creemos que en algunos casos incluso se ha excedido y por esa razón interpusimos una queja en su contra ante el Consejo de la Judicatura Federal”, mencionó.
Por la noche la queja presentada por la PGR fue recibida oficialmente en la Judicatura. En caso de que ésta detecte alguna irregularidad en la actuación del juez, el fallo no podrá ser revocado, debido a que la ley no es retroactiva.
En tanto, la titular de la SIEDO, Marisela Morales, señaló que otra irregularidad fue acumular el proceso del hijo de La Tuta al de los ex servidores públicos de Michoacán, a petición de éste, quien se encuentra sujeto a proceso en un juzgado de Nayarit.
También emitió fallos contrarios a tribunales unitarios (con mayor jerarquía que el juez) que dieron valor probatorio a las declaraciones de dos testigos colaboradores.
El argumento del juzgador es que no contaron con abogado al momento de rendir su declaración; sin embargo, la PGR recuerda que nunca fueron detenidos, sino que se presentaron voluntariamente a la dependencia para pedir protección, debido a que iban a ser asesinados por La Familia.
En conferencia de prensa realizada ayer en la sede de la PGR en el DF, el procurador y la fiscal afirmaron que las 32 personas liberadas pueden enfrentar una nueva acusación, aunque de otra naturaleza, siempre que el MP federal reúna elementos para demostrar su responsabilidad en algún delito, pues en los juicios nunca se llegó al fondo del asunto.
El caso Godoy
Arturo Chávez comentó que ya presentó un recurso de revisión contra la suspensión definitiva que otorgó el juzgador a Julio César Godoy Toscano para recobrar sus derechos políticos.
En este caso, el procurador dijo que el juez procedió contraviniendo el artículo 38, fracción V, de la Constitución, que precisa que cualquier persona pierde sus derechos políticos cuando es prófugo de la justicia y no los recupera hasta que concluye el proceso.
El 28 de noviembre de 2008 inició la averiguación previa por el michoacanazo, a partir de la localización de grabaciones de audio y una supuesta narconómina, de los cuales se desprendía una posible protección que brindaban funcionarios públicos a La Familia.
Por ello se giraron órdenes de localización y presentación contra diversas personas, de las cuales se cumplimentaron 28, mientras dos más se presentaron de manera voluntaria. Después se obtuvo el arraigo de 30 indiciados, pero fueron liberados tres.
En junio y agosto de 2009 juzgados de Nayarit giraron 44 órdenes de aprehensión contra los ex servidores públicos, de las cuales se cumplimentaron 32 en los meses siguientes.
Milenio
