El pasado 11 de julio de 2015, Joaquín “El Chapo” Guzmán se fugó del Penal del Altiplano, Estado de México, en donde hubo 11 Policías Federales inculpados por la omisión y no haber activado el código rojo.
Desde hace 17 meses los elementos de seguridad han argumentado que no les correspondía activar el código rojo al no encontrarse dentro de su plan de trabajo, ni de sus manuales de actuación, además de no tener la facultad para ello.
En diciembre del año pasado la Policía Federal envió al Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales un documento firmado por el director general del Centro de Monitoreo Técnico de la dependencia, Dante Barrera Aguilar, el cual señala que a los Policías Federales no les correspondía activar el código rojo.
Además, a los policías no se les había entregado un manual o reglamento alguno sobre la implementación de este sistema dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) y tampoco estaban obligados a hacerlo porque no está dentro de sus funciones.
Esta es la última prueba dentro del proceso penal de los 11 uniformados, todos internado en el penal de Nayarit; la defensa argumenta que esa era la “prueba madre” que habían estado esperando durante 17 meses porque es un documento oficial de la Policía Federal que no se entregó en su momento.
