El Estado mexicano está en la disyuntiva de reformarse a fondo o sumirse en la descomposición iniciada en 1994, 1982 o 1968, según el análisis que se quiera hacer. En cualquier caso el cambio es históricamente necesario pero encontrará resistencias en distintos espacios de la sociedad, pues toda transformación afecta intereses.
Lo primero es definir el rumbo del cambio. A juzgar por sus propuestas de campaña, Peña Nieto buscará construir un “Estado eficaz”, detonar el desarrollo económico, mejorar la distribución del ingreso, dar un vuelco a la política social, combatir el crimen con menos violencia y más inteligencia y restaurar el tejido social.
Los objetivos económicos y sociales enunciados contrastan tanto con las políticas de los tres últimos gobiernos como con los programas de ajuste impuestos a los países europeos que cayeron en crisis y con la tendencia a reducir impuestos, gasto público y servicios sociales en Estados Unidos.
Mucho tendremos que cambiar. Nuestra economía no puede seguir centrada en las exportaciones, el turismo y las remesas de los trabajadores migratorios, pues esas fuentes de divisas tienden a la baja. El rumbo anunciado exige fomentar la creación de un mercado interno sólido, permanente y creciente, lo que a su vez requiere multiplicar las inversiones para generar empleos formales e ingresos para que las familias puedan comprar bienes y servicios y las empresas puedan expandirse y reiniciar el círculo virtuoso.
Para eso hacen falta reformas muy profundas con las que sin duda habrá acuerdos y desacuerdos. Los medios han hablado con insistencia de uno de esos cambios que, a juicio del presidente electo y su equipo, son necesarios y saludables: permitir inversión privada, incluso extranjera, en Pemex, sin que el Estado renuncie a la rectoría ni la Nación a la propiedad de la riqueza petrolera. Para saber de qué estamos hablando, es necesario que se defina cuáles son los alcances y límites de la rectoría estatal en Pemex.
El tema es muy delicado, no sólo porque afecta fuertes intereses, unos para bien y otros para mal, sino porque en la conciencia colectiva el petróleo está vinculado con la soberanía de la Nación, y en los hechos, fue uno de los factores centrales de la industrialización y la creación de las clases medias en el siglo XX.
Si sólo fuera por eso, la propuesta tendría que ser discutida por la sociedad y la discusión tendría que basarse en información seria –lo que no significa incomprensible– sobre las opciones realmente existentes para Pemex y para el país, sus ventajas y desventajas. Esto supondría que, a diferencia de los panistas, el futuro gobierno se abstuviera de usar la publicidad como medio de engaño social y, en cambio, suministrara al país información verdadera, completa, comprensible.
También exigiría una nueva actitud de los individuos y grupos políticos y sociales: despojarse de prejuicios –que el petróleo debe ser intocable o que el capital privado en Pemex lo resuelve todo– y descalificaciones. Se necesita una discusión libre de ideologías para identificar las mejores soluciones y lograr una amplia base de apoyo popular a los cambios. Apartarse de las ideologías no significa renunciar a los principios: el interés nacional y la justicia social.
En el entendido de que el capital extranjero se limitaría a desarrollar tareas de gran complejidad técnica, lo primero que habría que esclarecer es para qué sirve y para qué no sirve la inversión de las grandes petroleras mundiales –las únicas candidatas posibles– en Pemex.
A primera vista, pueden aportar la tecnología para explotar las reservas en aguas profundas, las de gas shale (menos tóxico que el convencional, del que tenemos importantes yacimientos) y las de petróleo de difícil y costosa extracción. También pueden ayudar al equilibrio financiero del organismo.
Lo que no puede hacer el capital privado por sí mismo, si la dirección, decisiones, administración y propiedad del organismo siguen siendo del Estado, es rediseñar el organismo, modernizar su administración, elevar la productividad general del organismo, invertir en el mantenimiento de maquinaria, ductos y depósitos, abatir el robo masivo de crudo y petrolíferos, erradicar la corrupción, replantear las relaciones con el sindicato. Tampoco puede liberar a Pemex de la tributación confiscatoria para que sus utilidades –que las tiene, y muy cuantiosas– se destinen a la reinversión y no a financiar un tercio del gasto público.
Sin estas mejoras, no veo cómo las petroleras mundiales tendrían interés en invertir en Pemex. Pero si el Estado hace los cambios, ¿seguiría siendo necesaria la inversión privada? ¿No se podría usar lo que ahora decomisa Hacienda para comprar o rentar la tecnología que no tenemos, sin necesidad de cambiar la Constitución ni las leyes o con cambios menores, que no sean tan polémicos?
No tengo la respuesta, pero si México va a hacer una reforma tan profunda en su sector petrolero, lo más sensato es discutir abierta y honradamente su necesidad, ventajas y costos, pues sólo así se tomará la decisión que más convenga al país y se tendrá la base de consenso popular necesaria para ésta y otras reformas, como la hacendaria, que también será muy controvertida.
