En medio del escándalo por presunta pederastia de uno de sus miembros en contra de varios niños de diversas comunidades, la Iglesia Católica de Oaxaca asegura que se encuentra fuerte, sólida y unida, trabajando en la consolidación de su Plan Diocesano de Pastoral, que ha permitido el fortalecimiento de su estructura.
No obstante, la Arquidiócesis de Oaxaca lanzó un nuevo llamado a detener la campaña de desprestigio en contra de sus representantes clericales y a respetar la ley en cuanto a las indagatorias que se realizan por el presunto caso de pederastia que se ha integrado en contra del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, quien presuntamente abusó de 45 menores de edad
El clero afirma que no busca fueros ni privilegios; y acepta que todo ministro de culto, sea quien fuere, debe pagar con todo el peso de la ley si hay agravantes que lo implican en la comisión de delitos graves del orden penal. “Nosotros siempre estaremos del lado de las víctimas. Personalmente, quien haya trasgredido la ley, debe afrontar con valor y civilidad su propia responsabilidad”, sostiene la institución religiosa.
En una carta firmada por la Curia diocesana y vicarios episcopales, se refiere que las acusaciones públicas de un posible hecho de pederastia del que, presuntamente se inculpa a un presbítero de dicha Arquidiócesis, y que se ha dado a conocer en medios de comunicación locales y nacionales, forma parte solo de una cruzada por desacreditar la labor religiosa y fe católica, luego de que se difundió en un medio nacional las presuntas amenazas que según hizo el arzobispo José Luis Chávez Botello para defender al cura.
La Arquidiócesis de Antequera Oaxaca en su misiva dirigida al gobernador Gabino Cué y al Procurador de Justicia Manuel de Jesús López refrenda su compromiso con la legalidad.
“Nadie necesita fabricar ni defender culpables. Esperamos un proceso penal apegados a la justicia y a la verdad, sin presiones mediáticas ni políticas, un proceso limpio, honesto y transparente donde la única garantía sea el respeto del estado de derecho”.
La iglesia de Oaxaca se mostró segura en el esclarecimiento del caso y en la actuación de justicia para quien haya sido agraviado. Quien tenga que resarcir daños y perjuicios deberá asumir su propia deuda.
Asegura que la Iglesia nunca ha estado a favor de la impunidad, considerando que todo ciudadano tiene la obligación de poner en conocimiento de las autoridades ministeriales la probable comisión de cualquier conducta que pueda resultar delictuosa. “Nosotros los exhortamos a que no dejemos de hacerlo”.
En la carta el Vicario general y la Curia deploró que aquellos que fueron víctimas de presuntos abusos hayan optado por la vía de la denuncia mediática, cuando un asunto que debe ser tratado como el caso lo amerita: en estricta verdad y justicia.
“Para nosotros es el Ministerio Público es el encargado de investigar y perseguir los delitos, a él solicitamos su escrupuloso apego al Estado de Derecho”.
Demandaron que se haga comparecer a todos los involucrados para que rindan su declaración, “ya que el bien a tutelar es el bien superior de los niños y su integridad bajo los más altos estándares de Derechos Humanos, por eso con valor y responsabilidad cívica, los invitamos a que aporten no sólo sus dichos sino también las pruebas que sustenten lo que afirman”.
Al poder judicial, a los jueces, el clero exhortó a que sin violar ningún derecho humano, apegados al debido proceso y diligencia, se libre la orden de aprehensión respectiva. En caso de ser justificada, el proceso penal contra el sacerdote implicado en el caso, mismo que debe acatar una sentencia apegada a la verdad, justa y digna.
Agencia JM
