Hace muy bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en exigir que el gobierno de Chihuahua esclarezca el homicidio del periodista Arturo Alba, quien fue asesinado el jueves 29 de octubre en Ciudad Juárez, de esa entidad.
La CNDH envió un comunicado en el que de forma enfática exige al gobierno de Javier Corral (PAN) que cumpla con sus responsabilidades de investigar y hacer justicia.
“Este Organismo Nacional lamenta la muerte del comunicador y demanda a las autoridades procuradores de justicia locales iniciar la investigación correspondiente para encontrar a los responsables aplicando la ley conforme a derecho (…) Este Organismo reitera su compromiso de mantenerse atento a la evolución de las investigaciones relacionadas con este lamentable hecho para la identificación de los responsables y las motivaciones de su actuar.”, externó la Comisión.
Pero da la casualidad de que la CNDH lanza sus rapidísimos dardos en contra de un gobierno oposición que por estos días, está en abierta confrontación con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador –Morena…-.
… Y que el mismo gobernador Javier Corral forma parte de los diez gobiernos estatales que conforman la Alianza Federalista, que se ha rebelado al embate del gobierno de la 4-T, por razones de presupuesto, de coordinación de salud, fideicomisos…
Y está bien que la CNDH actúe de forma expedita en este caso, pero también debe hacerlo de tal manera enfática ‘y comprometida’ en lo sucedido a tantos periodistas que en distintos estados han sido asesinados o desaparecidos o amenazados, sin que hoy, en su mayoría, se hayan esclarecido los hechos y se haya sometido a la Ley a los culpables probados.
Tan sólo de 2019 a la fecha han sido asesinados 16 periodistas en el país, en distintas entidades con gobiernos de distinto partido político. Ejemplos: Es el caso de Veracruz (Morena) en donde apenas el 9 de septiembre pasado fue asesinado Julio Valdivia; el 30 de marzo de este mismo año asesinaron a María Elena Ferral Martínez… y más…
O en Guerrero en donde gobierna Héctor Astudillo Flores (PRI) y en donde han sido asesinados un gran número de periodistas como, por ejemplo, Pablo Morrugares el 2 de agosto de 2020; Víctor Fernando Álvarez Chávez, desaparecido el 2 de abril de 2020. O casos en Oaxaca o en el Estado de México.
Así que distintas organizaciones de protección a periodistas en México y el extranjero han concluido que en nuestro país, el 90% de los asesinatos de periodistas permanecen en la impunidad, y el 100% de los casos de desapariciones de periodistas, también. ¿Y la CNDH?
Esto hace que tanto la Organización de las Naciones Unidas, como la SIP, Artículo 19, y tantos más ubiquen a México como el tercer país más peligroso para ejercer el periodismo sin estar en guerra, esto después de Afganistán y Siria.
A este ambiente adverso ha contribuido, también, el discurso de confrontación que emite con toda frecuencia en sus conferencias mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador, estimulando el odio hacia el periodismo, sobre todo si no es aquel que felicita sus acciones…
Adjetivos, descalificaciones, acusaciones, señalamientos, apodos: “Fifís”; “Conservadores”; “Chayoteros”; “Ruines”; “Canallas” y tanto más es el catálogo de adjetivos que utiliza para etiquetar a la prensa crítica, aun cuando esta crítica sea una propuesta democrática para analizar desde otra perspectiva el estado de la situación política, económica y social del país.
Y para confrontar, el gobierno lanza un ejército de operarios que agreden, acusan, infieren señalamientos de odio hacia los periodistas en las redes sociales, bajo disfraz, por supuesto.
Así, el hondureño Jorge Canahuati Larach, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), afirma que ‘la libertad de prensa en México sí está en cuidados intensivos y siendo socavada en un país que lidera el número de reporteros asesinados y donde el presidente López Obrador lanza una incorrecta estigmatización sobre periodistas y medios mexicanos de comunicación.’
“La democracia, las sociedades, los países, todos perdemos si se debilitan los medios. Son importantes para buscar soluciones, que pueden ir desde apoyo popular hasta impulso a gobiernos, siempre y cuando estén claros de que no hay ninguna intromisión en la independencia de los medios y en el manejo de su línea editorial”, dice Canahuati.
Muchos periodistas asesinados y muchos desparecidos o amenazados en razón de su trabajo en México. De todos ellos, de cada uno, debiera manifestarse la CNDH y exigir la investigación y cese de la impunidad en un país que dice regirse como “Estado de derecho”.
Politizar la participación de esta CNDH nos lleva a confirmar que la señora Rosario Piedra Ibarra está al servicio del régimen actual y no de los mexicanos y en particular de los periodistas que merecen justicia, cuidado, y respeto por lo que significan para la libertad de expresión.
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