Derivado del clima de violencia por el combate gubernamental contra el crimen organizado, las amenazas y asesinatos de periodistas han dejado de ser hechos colaterales para convertirse en objetivos concretos. Los periodistas forman parte de las denuncias que han sensibilizado a la nación en materia de criminalidad incrustada en el poder político.
Aunque menor en cantidad, por su importancia podría hablarse de una ola de periodicidios o asesinato de periodistas por cuestión es de oficio. Se trataría de una fase adicional a los feminicidios o asesinatos de mujeres por su condición de género. En ambos casos se ha revelado la incapacidad del Estado y de sus instituciones de seguridad para garantizar la vida de un sector determinado.
El asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, de la agencia Cuarto Oscuro y de la revista Proceso, reveló no solo el grado de criminalidad en la ciudad de México sino que exhibió la ineficacia, incompetencia e inutilidad de los protocolos de defensa de periodistas tanto de oficinas gubernamentales como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Lo de menos es que Espinosa pudiera haber sido víctima de la criminalidad común –lo que tendría que probarse más allá de la mínima duda– sino que revela el error estratégico de quienes debían de proteger a Espinosa porque arribó al DF huyendo de Veracruz por amenazas de muerte de instancias gubernamentales. Los programas de protección fracasaron. Y además de aclarar el crimen, las autoridades y la CNDH deberán dar una explicación de las fallas en la protección de periodistas amenazados.
La CNDH tiene un pomposo programa de protección de periodistas. Pero acaba de hacer el ridículo sin rendición de cuentas cuando el coordinador de Comunicación Social de la Comisión, Néstor Martínez, se burló del comentarista Christian Martinoli a propósito de la agresión física por parte del entrenador Miguel El Piojo Herrera; en su página Facebook en horas de oficina apoyó a Herrera y le dijo al comentarista agredido por ejercer su libertad de expresión y de crítica: “el que se ríe se lleva”. A partir de este caso concreto se explica el desapego y la falla estratégica de la CNDH en la protección de periodistas amenazados y agredidos, sobre todo por el hecho de que el actual presidente de la Comisión, Luis Raúl González Pérez, fue el primer encargado del programa en la CNDH que implementó el entonces presidente José Luis Soberanes Fernández.
La incapacidad e ineficacia del gobierno federal en materia de defensa de p4riodistas amenazados en una fase de radicalización de la violencia por parte del crimen organizado y de instancias gubernamentales estatales es sinónimo de violación flagrante de los derechos humanos de los periodistas. Desde cuando que la CNDH debió de haber atraído el caso de Veracruz porque el estado ocupa el primer lugar en amenazas y asesinatos de periodistas, pero seguramente ha aplicado la doctrina de su vocero: “el que se ríe se lleva”, es decir, el que critica se tiene que aguantar la reacción violenta de los criticados.
La prensa ha quedo como el sector más vulnerable en esta etapa de desarticulación de las complicidades del viejo régimen. Al frente de la oficina de protección a periodistas de la PGR ha quedado un funcionario que lo mismo sirve para una cosa que a otra. Y los protocolos de atención a periodistas agredidos sirven para nada. El caso del fotógrafo Espinosa podría ya configurar un a fase de periodicidios que deberían preocupar a las autoridades y a las oficinas de derechos humanos.
@carlosramirezh
