El presidente Enrique Peña Nieto puntualizó que su gobierno asume “como responsabilidad elemental blindar los programas sociales de cualquier propósito electoral, así como investigar y sancionar a quienes pretendan utilizarlos con ese fin”.
Un día antes el PAN anunció que mantendrá condicionada su participación en el Pacto por México hasta que sean sancionados los 57 funcionarios federales y locales vinculados al uso de programas sociales en el proceso electoral de Veracruz.
Ya el 23 de abril pasado, el mandatario había dicho durante un foro en Puebla que “no tolerará el uso electoral de los programas sociales”, por lo que entonces refrendó su decisión de no presentar su propuesta de reforma financiera, a fin de abrir un espacio de diálogo entre las partes que firmaron el pacto.
Ayer, durante la firma de un convenio de entendimiento para la Cruzada Nacional contra el Hambre con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Peña Nieto reiteró que el gobierno federal cumplirá con sus responsabilidades en caso de que funcionarios violen la ley.
Acompañado por los secretarios de Desarrollo Social, Rosario Robles, y de Agricultura, Enrique Martínez, el Presidente acotó también que la cruzada contra el hambre requiere de la cooperación de los tres órdenes de gobierno, así como de la iniciativa privada y la sociedad civil.
Ante José Graziano da Silva, presidente de la FAO, manifestó que el programa será enriquecido “con la red de conocimientos del experimentado personal” de esa organización a partir de cinco líneas: primero, diseño de instrumentos de políticas sociales y productivas; segundo, vinculación entre políticas públicas para un mayor impacto y mayor alcance de las mismas.
Tercero, desarrollo de mecanismos de participación comunitaria, ciudadana y social; cuarto, monitoreo y evaluación de la Cruzada, y, quinto, los ámbitos adicionales de cooperación que surjan de la instrumentación del programa.
“La lucha contra el hambre no es solo labor del gobierno. Requiere del compromiso y participación de toda la sociedad: de mujeres y hombres, de jóvenes y personas mayores y de voluntarios, así como también de los sectores social y privado, de las empresas; de todas y todos aquellos que quieran comprometerse en favor de esta causa: de acabar con el hambre en nuestro país”, aseveró.
Graziano da Silva afirmó que “ninguna sociedad está a favor del hambre, pero pocas han logrado unirse para derrotarla. Y esa es una batalla en la cual no podemos prescindir de aliados. En la guerra contra el hambre, toda contribución es bienvenida”.
Consideró esencial que el programa sea una política de Estado, avalado por un pacto nacional, y no solo de un gobierno.
“Antes de ser un tema moral, o un desafío económico, el hambre es un tema político y, por lo tanto, necesita de una determinación política, de una sociedad entera para que pueda ser derrotado”, acotó.
Consideró que garantizar la seguridad alimentaria, es garantizar el derecho fundamental a la alimentación y el primer paso para el ejercicio de la ciudadanía.
Agencias
