(Al compañero periodista Leobardo Vázquez Atzin, asesinado en Gutiérrez Zamora, Veracruz. Exigimos justicia para que su crimen no quede impune como muchos otros. Un abrazo solidario a sus familiares y amigos. ¡Descanse en paz!)
Desde uno de los principales centros de subversión comunista en México, CENCOS, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, se rasga las vestiduras e hipócritamente pone el grito en el cielo e informa de la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el Estado mexicano, por delitos de lesa humanidad cometidos contra la ciudadanía oaxaqueña en 2006 y 2007.
Excelente que se acuse al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa, el ex gobernador Ulises Ruiz, los ex secretarios de gobierno Evencio Nicolás Martínez Ramírez, Jorge Franco Vargas y Manuel García Corpus, la ex procuradora Lizbeth Caña Cadeza, el ex secretario de Protección Ciudadana Sergio Segreste Ríos, el ex director de Seguridad Pública Delfino Cruz Hernández.
Asimismo, al ex director de Educación Pública Emilio Mendoza Kaplan, el ex regidor de Seguridad Pública de Santa Lucía del Camino Abel Santiago Zárate, entre otros, de una lista de más de cien funcionarios integrantes de la administración pública federal, estatal y municipal señalados como responsables en el Informe de la Comisión de la Verdad y que acompañan la denuncia.
Sin embargo, fiel a su naturaleza traidora, como el escorpión, no solo da un uso político-electoral faccioso a la maniquea defensa de los derechos humanos en Oaxaca al lanzarse a la yugular contra “el tirano” Ulises Ruiz Ortiz, sino que protege a su cómplice Gabino Cué Monteagudo.
Hábil y perversamente, Arturo de Jesús pretende vender el servicio de poner quieto al “chacal de Chalcatongo” que juega las contras al PRI-gobierno provocando un cisma político en Oaxaca y, por otro lado, no oculta su apoyo a Manuel Andrés López Obrador (MALO), con lenguaje poético.
“Este 21 de marzo no sólo conmemoramos el nacimiento del fundador del Estado de Derecho mexicano, sino también el inicio de la primavera. Y es buen momento para decir que tengo, como muchos compatriotas, un sueño: que una primavera democrática florezca en México. Debemos sembrar en nuestro suelo la justicia para que ese sueño rinda frutos”.
Peimbert Calvo, además, presiona, chantajea y pretende “acalambrar” con su denuncia ante la Corte Penal Internacional al actual Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, pretextando su desempeño como ex subsecretario de gobierno y ex subprocurador de Justicia estatal de Ulises.
Seguramente, el Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca busca evitar que la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción continúen investigando el saqueo de la probable mafia de rateros de Gabino Cué, encabezada por su principal operador político-financiero Jorge Enrique Castillo Díaz, a quien sirvió lacayunamente.
Al mismo tiempo, para quedar bien de manera acomodaticia con el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, el Ombudsman protege al ex Secretario de Seguridad Pública, José Manuel Vera Salinas, y al ex Secretario de Gobierno de Ulises Carlos Heliodoro Díaz Escárraga.
El maestro Vera Salinas es actualmente Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESP) y Díaz Escárraga, Coordinador Estatal de Protección Civil (CEPCO).
Pero Peimbert va más allá al enseñar el cobre al parafrasear al poeta y atreverse a decir: “Este es el país de una mal parida ley de seguridad interior; este el país de los cateos sin orden judicial”. Claro, no podía dejar ir la oportunidad de rechazar la Ley de Seguridad Interior que legaliza la actuación de las Fuerzas Armadas, único valladar contra la subversión que ampara y protege como Ombudsman.
“Este es el país donde no hay justicia, agrega; este es el país donde no se escucha la voz del GIEI ni de la ONU en materia de derechos humanos; este es el país que diariamente desayuna muertos y desaparecidos”.
Como Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca manifiesta su preocupación por la grave crisis de derechos humanos que afronta la entidad desde el año 2006. En ese año y los subsiguientes, los mandatarios estatales son señalados como responsables de haber conducido políticas públicas en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía, al grado que al menos uno de esos mandatarios puede y debe ser señalado como responsable por crímenes de lesa humanidad. ¿Por qué Ulises, sí, y Gabino, no?
Recuerda que el movimiento social de 2006-2007 en Oaxaca comenzó con las demandas laborales de la Sección XXII de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación. Posteriormente, se fue ampliando por la inconformidad de la población en general, hasta convertirse en un movimiento civil en contra de la forma de ejercer el gobierno por parte de Ulises Ruiz Ortiz, quien se caracterizó por recurrir a la violencia sistemática para reprimir a las personas que, haciendo uso de su derecho a la libertad de expresión -justifica-, cuestionaban la falta de políticas públicas para resolver problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad y la falta de transparencia en el gasto público.
Para disolver las manifestaciones ciudadanas, por un lado el Gobierno recurrió a todo el aparato estatal que encarceló injustificadamente a los inconformes, y por el otro implementó acciones de grupos armados ilegales que se dedicaron a causar terror dentro de la población y a cometer ejecuciones extrajudiciales en contra de los líderes del movimiento.
No obstante, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, no alude al terror sembrado y desatado por las brigadas de ajusticiamiento de los grupos armados infiltrados en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).
Más de 30 personas muertas, 311 personas detenidas arbitrariamente, 248 personas torturadas, y por lo menos dos desapariciones forzadas, es el saldo sangriento de los crímenes cometidos en aquel periodo y de los cuales no se conoce ningún presunto perpetrador, ni autoridad sobre quien recaiga una responsabilidad mayor, que haya sido presentado ante la justicia.
Considera que el año 2006, en Oaxaca, es el punto de partida para la implementación de una política represiva de contención de la protesta social por parte del Estado, pues durante aquellos años se ensayaron estrategias de persecución e incluso de exterminio en contra de las y los luchadores sociales y defensoras y defensores de derechos humanos.
Frente a esta situación, y en un contexto de transición político-social originada por el fin del sexenio de Ulises Ruiz y el advenimiento de un gobierno de alternancia, se crea la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca con un nuevo mandato, el cual nos convierte en defensores de los derechos del pueblo, dándonos potestad constitucional para defender el interés jurídico de las y los oaxaqueños.
El Ombudsman no defiende, sobre todo, el sagrado derecho humano a la educación, de más de un millón de niños y adolescentes, alumnos de educación básica, ni mucho menos la libertad de tránsito de cuatro millones de oaxaqueños frente a los bloqueos de calles y carreteras de sus cómplices de las organizaciones sociales radicales.
Debió sangrarle la boca a Peimbert Calvo al afirmar que las diferentes denuncias en materia de violaciones graves a los derechos humanos se hacen dentro de un contexto de impunidad, corrupción y cinismo rampante. Oculta que con esta actitud así lo hizo, en el año 2016, la Comisión de la Verdad.
Prueba de ello, puntualiza, es que, pese a la existencia de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, incluso pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas respecto a las graves violaciones a derechos humanos en el estado de Oaxaca durante 2006 y 2007, no existe ninguna persona que haya sido imputada y sancionada legalmente por lo ocurrido.
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