Gabriela Rodríguez
Habrá que celebrar que el secretario de Educación Publica saliera a la defensa de la educación sexual, y sobre todo de la educación laica, en especial después de 10 años de retroceso en las políticas públicas que vienen imponiendo los gobiernos panistas. Esto ocurre luego de las escandalosas declaraciones que hizo Felipe Arizmendi contra los libros de educación sexual de la SEP culpándolos del “libertinaje sexual” y hasta de las dificultades que experimentan los curas y los padres de familia para “respetar a los niños”. El obispo de San Cristóbal de las Casas me envió un artículo como reacción a la colaboración anterior de este diario en la que hice una crítica severa a sus declaraciones. El documento reitera su posición inicial y cantinflea con el tema del laicismo, lo defiende y ataca simultáneamente: “ la educación sexual que se cimenta en la moral natural no es dogmatismo religioso y no implica la violación al laicismo, ni a la necesaria separación entre Iglesia y Estado (…) La vivencia de la fe cristiana, que no compete a la escuela oficial, ayuda a dar a la sexualidad el lugar sublime que Dios le dio, como expresión de amor total”.
Pero en la defensa de la laicidad del Estado, Alonso Lujambio fue contundente: “Estos libros hablan, específicamente, de manera responsable, de la muy particular naturaleza de la sexualidad humana, precisamente para generar las condiciones que propicien que los niños y las niñas asuman responsable y cabalmente las consecuencias de sus actos”. También sugirió “que la educación sexual fuera integral, que se agregue un componente moral. Sin embargo no es responsabilidad del sistema de educación pública proveer de valores morales a los estudiantes, sino de información práctica. Ni la Iglesia ni la SEP son quienes para decidir los valores sexuales que se deben inculcar a los niños. Lo mejor que pueden hacer los profesores es informar sobre los riesgos y ventajas de las diversas prácticas sexuales y responder de manera neutral y libre de valores religiosos ante las diferentes inquietudes de los estudiantes; lo que decida hacer cada quien con esa información es algo que ni el gobierno ni la Iglesia pueden ni deben controlar”.
Pero, ¿qué está haciendo la SEP ante el abuso sexual contra menores? El grave problema con los funcionarios mexicanos es que nunca van más allá de las declaraciones políticamente correctas, y en muchas ocasiones actúan traicionándolas en lugar de ejecutarlas: no parece interesarles la seguridad de los menores, no se comprometen, no hay voluntad política para cambiar las cosas ni para invertir en la instrumentación de programas ni en la creación de estrategias efectivas ni en la profesionalización de los servidores públicos ni en acciones que de veras mejoren la calidad de la educación, y de la educación sexual, en particular. Recientemente José Bonilla, abogado de menores que fueron víctimas de abuso sexual y presidente de la Fundación de la Mano con la Justicia, dio a conocer que la Legión de Cristo lo ha estado amenazando e intimidando y lamentó que al titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, no le interesen esos casos: “Él tiene toda la información, hay un proceso (de su caso) en la dependencia y no hemos recibido ninguna comunicación. Además, hace días el secretario dijo que esos casos iban más allá de su competencia. Ese comentario es lamentable”.
Porque está claro que las decisiones de alta política pueden jugar un papel trascendente cuando se miran horizontes amplios y se asume la responsabilidad de Estado. Tal es el caso de Alemania ante la pederastia sacerdotal. Luego de que 300 ex estudiantes católicos hicieran denuncias de abuso sexual y físico, la canciller Angela Merkel dijo que el escándalo de abusos sexuales por sacerdotes que sacude la tierra del papa Benedicto XVI es un gran reto para la sociedad alemana y advirtió que la única forma de lidiar con ello es “averiguar la verdad sobre todo lo que ha sucedido (…) El daño sufrido por las víctimas nunca podrá ser reparado totalmente”. Y en una reunión de arranque de mesas de trabajo gubernamentales para atender el problema, la ministra de Familia dijo que lo importante es analizar los sucesos y formular medidas para hacer el abuso sexual contra niños prácticamente imposible. La ministra de Justicia manifestó que se estudiarán las formas de reconocer legalmente el sufrimiento que se causó a las víctimas. Schavan, ministra de Educación, señaló a su vez que la meta principal es hacer justicia a los afectados y mejorar en forma considerable la prevención contra el abuso sexual infantil en escuelas e instalaciones eclesiásticas.
La diferencia en la respuesta del Estado es abismal, porque en México la ética de Estado hace mucho que brilla por su ausencia.
