Una de las razones principales por las que el órgano electoral local extendió en dos ocasiones consecutivas, el plazo para la presentación de las candidaturas a diputaciones locales y concejalías en Oaxaca fue porque los partidos políticos no podían reunir los espacios destinados para las acciones afirmativas. Pareciera que este conjunto de determinaciones equilibradoras, que la ley dispone para ciertas minorías, en realidad para los partidos es un laberinto del que querrían salir cometiéndole una especie de fraude a la ley a las acciones afirmativas. Ojalá fracasen.
En efecto, ha sido escandalosa la forma en cómo, desde anteriores procesos electorales, los partidos y sus candidatos en Oaxaca han intentado mentirle a la ley auto adscribiéndose a alguna minoría tutelada por acciones afirmativas, para lograr una postulación. Ahí están, por ejemplo, los casos de personas que se dicen indígenas sin serlo; o algunas aún más escandalosas, que se han dicho parte de la comunidad LGBT+ o que han intentado pasar por discapacitados, afromexicanos cuando a todas luces no lo son.
El problema, en ese sentido, no es que una persona intente engañar a la autoridad o al electorado afirmándose como parte de una minoría, para lograr una candidatura. No: el problema real es que, al hacerlo, y tanto su partido como la autoridad permitírselo —con lo que se convierten en sus cómplices— en realidad lo que ocurre es que, efectivamente, revictimizan a las personas realmente integrantes de esas minorías, que históricamente han sido invisibilizadas y marginadas de la participación política en su municipio o en su distrito electoral, y que, con esa complicidad y ese silencio, replican y perpetúan dicha marginación.
Ahora bien, ¿qué es una acción afirmativa? De acuerdo con el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, es “un conjunto de medidas que adopta el Estado a fin de promover la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”.
En ese tenor, una nota del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, titulada “Acciones afirmativas para garantizar la representación política de grupos históricamente discriminados y subrepresentados”, elaborada la investigadora Susana Ramírez Hernández, apunta que los Congresos locales han desempeñado un papel importante en el reconocimiento de acciones afirmativas para garantizar el derecho de los grupos en situación de discriminación a ser votados, así como para establecer una mayor obligatoriedad a los partidos políticos en su implementación.
Refiere que, en el caso particular de Oaxaca y algunas otras pocas entidades federativas, se incluye en sus leyes y códigos sanciones explícitas a los partidos políticos que incumplan con su obligación establecida en la acción afirmativa.
FRAUDE A LA LEY
En el riesgo de dichas sanciones, habríamos de agregar, es en donde justamente están entrampados los partidos políticos que hoy en día se encuentran en serios problemas porque no tienen la capacidad de llenar las cuotas de género, de jóvenes, de discapacitados, de la comunidad LGBT+ y de afromexicanos, para cumplir con los requisitos de la ley, y superar la posibilidad de que, por esa razón, se les niegue el registro a sus demás abanderados.
Habrá que preguntarse si no llenan las cuotas porque no existen esas minorías, o porque los partidos están tan alejados de la ciudadanía, que simplemente no las conocen. Evidentemente, la segunda posibilidad rebasa por mucho a la primera: hoy los partidos se enfrentan al hecho de que no crearon los suficientes cuadros políticos entre los diversos sectores sociales que, o no los conocen o, de plano desconfían abiertamente de ellos.
De ahí la tentación de incurrir en una especie de fraude a la ley al suplantar identidades, ascendencias, orígenes étnicos, discapacidades o preferencias sexuales, para tratar de engañar tanto a la autoridad, como al electorado, respecto a las acciones afirmativas. Y es que el fraude a la ley debe entenderse como una conducta totalmente voluntaria realizada con el exclusivo fin de obtener un fin lícito a través de un medio ilícito. Es exactamente lo que ocurre en este caso.
Por eso vemos al PRI postulando por vía de acción afirmativa a la candidata que encabeza su fórmula al Senado, cuando es público y notorio que, salvo su auto adscripción —que hoy tiene como razón el acceso a la candidatura—, no tiene ningún rasgo indígena; del rumor que se corrió de que en el Partido Verde postularían a una candidata a través de los espacios para personas con discapacidad; o lo que ha ocurrido respecto a quien se declara parte de la comunidad LGBT+, sin serlo.
Ojalá que la autoridad electoral haga su trabajo para atajar estos intentos de defraudar, primero a la ley, pero sobre todo a la ciudadanía y a las minorías protegidas por las acciones afirmativas. La lejanía de los partidos con la ciudadanía es tanta, que por eso estas acciones de discriminación positiva son vistas más como una amenaza que como un reflejo natural de nuestra enorme pluralidad como oaxaqueños.
EPITAFIO
¿Quién es Jessica López, y a quién le estaría “reservando” el lugar en la lista de candidatos a diputados locales del PRI por el principio de representación proporcional? ¿Qué más hay de fondo en todo esto?
@ortizromeroc
@columnaalmargen
