En pleno debate mediático y en vísperas del debate parlamentario sobre la reforma energética, es pertinente seguir profundizando el análisis de la materia con base en datos duros, y no en prejuicios ideológicos, sobre la necesidad de un cambio radical al régimen jurídico para elevar la producción, incentivar la competitividad del sector y, lo que más importa, revertir el incremento sostenido de precios y tarifas de los insumos energéticos.
Son elementos de hecho, referentes empíricos que hablan por sí solos de que el único escenario inaceptable para México es mantener el statu quo, dejar las cosas como están, alentar por omisión la quiebra de las empresas públicas del sector, PEMEX y la CFE, en el mediano plazo y perder la soberanía energética que hoy todavía tenemos, de manera cada vez más precaria.
El antes y el después no dejan espacio a las interpretaciones subjetivas. Mientras en 1997 México importó 41 por ciento de los petroquímicos que consumió el mercado nacional; en el 2013, ese porcentaje se disparó al 75 por ciento. De manera puntual, la demanda fue por 6.09 billones de dólares y la producción de 2.47 billones de dólares, lo que obligó a una importación por 3.62 billones de dólares, mientras que el año pasado, la demanda creció hasta 18.59 billones de dólares, la producción fue de 4.59 billones y la importación llegó hasta los 14 billones de dólares.
La balanza comercial de los hidrocarburos crudos ha registrado también el declive del sector energético nacional. Mientras en 1996 México tenía un superávit de 6.86 mil millones de dólares, en el 2012 el superávit fue de sólo 1.62 mil millones de dólares. De persistir esta tendencia descendente en la relación entre las exportaciones y las importaciones, en el 2015 habremos llegado a un punto de equilibrio y en el 2018 seremos, aunque cueste creerlo, un país importador de petróleo y sus derivados.
En el sector de la energía eléctrica, México también ha ido perdiendo competitividad internacional, pues hoy día las tarifas promedio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) son 25 por ciento más altas que las tarifas de Estados Unidos. Sin el subsidio del gobierno a las tarifas que pagamos los mexicanos, los servicios serían 73 por ciento más altas que nuestro principal socio comercial.
Segmento por segmento, sin subsidio, las tarifas que pagan los residentes de alto consumo serían 149 por ciento más caras que en Estados Unidos; los comercios pagarían 135 por ciento más que en ese país; los servicios públicos 69 por ciento y la industria el 84 por ciento más.
Esas son las razones de hecho y no los atavismos ideológicos, lo que hace necesaria y urgente una reforma energética puntualizada y específica, que en su fase constitucional ya cubierta, tiene como ejes:
1) la conservación de la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos que hay en el subsuelo; 2) la libre concurrencia y libre competencia entre las empresas del Estado (PEMEX y CFE) y los particulares en las actividades de exploración, producción, transformación, logística y electricidad, en beneficio de los consumidores; 3) fortalecimiento de los órganos reguladores, para evitar abusos; 4) mayor transparencia y rendición de cuentas de PEMEX y la CFE, y 5) protección del medio ambiente.
Esas son las bases de la reforma energética, que tendrán que desarrollarse en las leyes secundarias y leyes vinculadas con la materia, un total de 21 de ellas entre nuevas leyes y reformas a las ya existentes, a partir de nueva iniciativas que el presidente Enrique Peña Nieto ha enviado al congreso de la Unión, algunas a la Cámara de Diputados como cámara de origen y otras al Senado de la República.
Entre las nuevas leyes y reformas propuestas figuran: la Ley de Hidrocarburos; la Ley de Petróleos Mexicanos; la Ley Minera; la Ley de Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica; la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo, ya en el senado; la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Deuda Pública, ya en la Cámara de Diputados.
Uno de los puntos destacados de la reforma energética de carácter netamente nacionalista es que para favorecer las cadenas productivas del país, en igualdad de condiciones de calidad, precio y entrega, el proveedor nacional tendrá preferencia sobre el proveedor extranjero.
Con la reforma energética, los beneficios esperados para la población mexicana en lo individual y para la industria nacional son:
1) Reducción de las facturas de luz y precios del gas, a más tardar dos años después de la fecha de entrada en vigor de las leyes secundarias.
2) Creación de 500 mil empleos adicionales en 2018 y 2.5 millones de empleos más en 2025.
3) Uno por ciento de crecimiento del PIB en 2018 y dos por ciento adicional en el 2025 como efecto de estas reformas, con independencia del crecimiento por otros factores.
4) Incremento de la producción de petróleo, de 2.5 millones de barriles diarios en 2013 a 3 millones de barriles diarios en 2018 y 3.5 millones en 2025.
5) Incremento en la producción de gas natural, de 5,700 millones de pies cúbicos diarios en 2013 a 8 mil millones de pies cúbicos diarios en 2018 y 10 mil 400 millones en 2014.
El análisis reposado, reflexivo y responsable de las nueve iniciativas de la materia, para su aprobación respectiva en las cámaras legislativas, y alcanzar esos objetivos fundamentales para el desarrollo de México, no puede esperar más.
Desde la Cámara de Diputados del Congreso Federal mi voz y mi voto serán, en su momento, por una reforma energética nacionalista y modernizadora, que fortalezca a PEMEX y a la CFE, que incentive la competencia, que genere empleos, que detone el desarrollo y, sobre todo, que reduzca precios y tarifas en el mediano plazo, para la población.
