Crear un nuevo marco jurídico y fiscal para PEMEX y la CFE, alentar la producción de energías limpias donde Oaxaca es vanguardia, y crear un fondo de estabilización para apuntalar la política social y tener fortaleza financiera en el largo plazo como Noruega, serían algunos atributos más de la reforma energética, cuyas iniciativas de legislación secundaria están en vías de discutirse y votarse en las cámaras del Congreso de la Unión.
Contra lo que se difunde por los detractores de la reforma, México no sólo mantiene por mandato constitucional la soberanía sobre los recursos naturales de su subsuelo como los hidrocarburos y los minerales, sino que PEMEX mantiene la prioridad en las inversiones estratégicas por el mecanismo de la ronda cero, que consiste en que esta empresa pública tendrá la preferencia para solicitar a la Secretaría de Energía la asignación de áreas para la exploración y la explotación de hidrocarburos que se encuentre en capacidad de operar.
Además, PEMEX mantendrá la asignación de áreas en las que haya realizado inversiones en exploración o un descubrimiento comercial y mantendrá la asignación de campos que se encuentre en producción.
De acuerdo a la nueva normatividad, que se puntualizará con las normas secundarias, PEMEX y la CFE dejarán de ser organismos públicos descentralizados para convertirse en empresas productivas, cien por ciento propiedad del Estado y de la población mexicana. Bajo el nuevo marco legal, gozarán de autonomía presupuestal y de gestión, una demanda histórica de ambos organismos y una propuesta añeja de especialistas en la materia.
Como ocurre en otros países donde hay soberanía estatal sobre los recursos y autonomía de gestión, que le confieren altos niveles de productividad, el Estado seguirá siendo el propietario pero dejará de intervenir en la operación directa de PEMEX y la CFE. En el caso de PEMEX, el consejo de administración se conformará por los titulares de las Secretarías de Hacienda y de Energía, cinco personas en el Consejo de Gobierno y cinco más como consejeros independientes, sin presencia del sindicato. Esto último, una decisión controvertida.
Con la reforma energética se crea un Fondo Mexicano para la Estabilización y el Desarrollo, que de acuerdo con la propuesta de reforma secundaria del presidente Enrique Peña Nieto, los excedentes se destinarán, de manera ordenada y no subjetiva como antes, a cinco importantes rubros: 40 por ciento se destinará al ahorro de largo plazo, hasta que alcance el 10 por ciento del PIB, siguiendo el ejemplo de los países escandinavos que miran al futuro; 30 por ciento a proyectos financieros de energía; 10 por ciento para financiar proyectos de inversión en ciencia, tecnología y energías renovables; 10 por ciento a becas, conectividad y desarrollo regional; 10 por ciento al fondo para el sistema de pensión universal.
En materia de transparencia y rendición de cuentas, uno de los cinco ejes de la reforma, es decir, todas las obras, concesiones y licencias, y en particular los contratos de utilidad y producción compartida, serán adjudicados por licitación pública y entregadas al participante que ofrezca las mejores condiciones económicas al Estado mexicano y al país.
Además, todas las rondas licitatorias de los contratos serán públicas y transmitidas justo en el momento por internet. Las empresas deberán hacer públicos los costos incurridos y los pagos que reciban del gobierno y las auditorías que sancionen la plena legalidad de las operaciones serán externas, ajenas a PEMEX.
En suma, de lo que se trata con la reforma energética, cuyas normas secundarias están por debatirse, es de afianzar la soberanía energética del país, recuperar y superar los niveles de producción de PEMEX y la CFE, mantener la rectoría estatal en la materia, suscribir contratos con particulares sólo en aquellas áreas donde las empresas públicas no pueden hacerlo solas y dar prioridad a empresas mexicanas, cuando haya las mismas condiciones de oferta, como proveedores de la cadena productiva.
Lo más importante es reducir los precios de bienes y servicios, luz, gas y gasolina en el mediano plazo, para que en verdad el petróleo sea de los mexicanos y no de las burocracias y grupos de interés.
Por otra parte, no puedo dejar de comentar el impacto y la pertinencia de la conferencia dictada en la sala Burgoa del Centro Cultural Santo Domingo, por el connotado intelectual Enrique Krauze, en el marco del ciclo de conferencias “Oaxaca en el debate nacional”, organizado por la UABJO y la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, de la cual me distingue formar parte.
En su disertación “por una democracia sin adjetivos”, el autor de la obra emblemática del mismo título, hizo un diagnóstico puntual de los desafíos, oportunidades y amenazas actuales de la democracia mexicana.
“Por una democracia sin adjetivos”, es una obra publicada en la década de los ochenta, antes de que se diera la alternancia en ningún estado de la República, ya no digamos en el gobierno federal, y que convocaba a la reflexión, en especial al grupo en el poder, sobre la necesidad de que por fin se hiciera efectivo el sufragio de los ciudadanos y la democracia mexicana tuviera, llanamente y sin connotaciones locales que la desnaturalizaran, los atributos y características de los sistemas occidentales.
Hoy Krauze llama la atención sobre la necesidad de cultivar los valores de la legalidad, la tolerancia y la prevalencia del interés público sobre los intereses de facto, las presiones de grupos y gremios, para que la democracia rinda todos sus frutos.
Desde la Cámara de Diputados del Congreso Federal mi voz y mi voto seguirán estando en favor de leyes y reformas que sirvan a México, que lo modernicen, que promuevan la competitividad y la creación de empleos, que apuntalen la soberanía energética y que construyan un futuro de mayores oportunidades para los mexicanos y para Oaxaca. También seguiré contribuyendo modestamente a que las ideas de las mentes más lúcidas del país sigan orientando el debate en nuestra tierra.
