El grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República presentó una iniciativa de reformas a la Carta Magna, que plantea eximir del fuero constitucional a los servidores públicos que cometan delitos graves o en flagrancia durante su encargo.
Además, el proyecto de ley establece que, de darse estos delitos, se podría proceder legalmente en contra de legisladores federales y locales, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de funcionarios del gobierno federal, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, gobernadores y consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).
La iniciativa fue presentada ante el pleno de la Cámara alta por el senador del blanquiazul José Rosas Aispuro, en donde señaló que bajo esos supuestos ya no se requerirá la declaración de procedencia de la Cámara de Diputados para actuar penalmente contra esos servidores públicos.
Detalló que la propuesta –que fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos– establece que “no gocen de fuero estos servidores públicos en el caso de la comisión de delitos graves o en flagrancia, y la hipótesis aplica también para gobernadores, diputados locales en las entidades, magistrados de los tribunales superiores de justicia de los estados y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas locales”.
“Si bien el fuero busca proteger la independencia y autonomía de un Poder frente a los otros, esto no implica revestir a sus miembros de impunidad”, destacó el legislador duranguense.
“El artículo 61 de la Constitución, que se refiere a la inviolabilidad del fuero constitucional, debe considerarse estrictamente como un instrumento de protección a la función de legislador para que en ejercicio de ésta pueda expresarse y desempeñar su cargo con libertad y que la inmunidad que el fuero confiere se limite a su función constitucional”, explicó.
Rosas Aispuro destacó que en un sistema jurídico-político realmente republicano “no existe necesidad de que los altos servidores públicos gocen de inmunidad, menos aun cuando por la compleja aplicación de la ley conlleve a la impunidad”.
La Silla Rota
