Ministerio Público de Guerrero, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una comitiva de estudiantes y padres de familia de la normal rural de Ayotzinapa sí ingresaron al cuartel del 27 Batallón de Infantería para buscar a los jóvenes que habían desaparecido el 26 y 27 de septiembre pasado.
Eso ocurrió menos de 48 horas después de que los normalistas fueron agredidos a balazos y levantados por policías de Iguala, Cocula y sicarios de los Guerreros Unidos. A las 12 del día del 28 de septiembre.
Un día después, debido a una llamada anónima que alertaba sobre la supuesta presencia de los estudiantes desaparecidos en el cuartel, la fiscalía realizó una nueva búsqueda, pero ya sin acompañantes. La primera inspección se había hecho a solicitud de los padres, de los estudiantes y de sus asesores.
Así se establece en documentos de la fiscalía de Guerrero en poder de MILENIO.
Desde diciembre pasado la principal demanda política de familiares, estudiantes y asesores del movimiento de Ayotzinapa ha sido ingresar —ahora se puede decir que nuevamente— a ese cuartel y a otras instalaciones militares en diferentes entidades.
A las primeras diligencias ministeriales que se llevaron a cabo en las instalaciones militares para buscar a 57 estudiantes (ese era el número de jóvenes no ubicados inicialmente) acudieron “integrantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, su abogado Vidulfo Rosales y algunos familiares de los jóvenes”, se lee en documentos de la Fiscalía General de Guerrero sobre el caso.
También estuvo presente “personal de la Comisión de los Derechos Humanos” local, que “dio fe de los recorridos y actuaciones realizadas” no solo en las instalaciones militares, sino en posteriores recorridos en los edificios de la fiscalía, la Policía Ministerial, la Policía Municipal, así como en dos hospitales.
Las actividades concluyeron por la noche: “Este operativo coordinado culminó a las 19:45 horas con el regreso de los familiares y estudiantes a las instalaciones de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa”, se explica en una tarjeta informativa sobre lo sucedido ese día.
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Fue el comandante del 27 Batallón, coronel de infantería José Rodríguez Pérez, quien recibió a los funcionarios y a la comitiva de estudiantes y padres de familia el 28 de septiembre. Y fue él quien los acompañó en el recorrido y durante los peritajes que realizó el Ministerio Público del fuero común Elmer Rosas Asunción y su perito “en materia de criminalística de campo y fotografía forense, Daniel Mota Sotelo”, de acuerdo con lo que se asienta en el expediente ministerial HID/SC/AA/03/0683/2014 y a la averiguación previa AEBPNL/049/2014.
Los estudiantes, padres de familia y su abogado no estuvieron presentes en las actuaciones ministeriales: permanecieron en los patios del cuartel, confirmaron a MILENIO funcionarios de la fiscalía.
La visita no incluyó la totalidad de las instalaciones militares, por decisión del coronel Rodríguez Pérez, quien invocó obediencia a la “superioridad”:
“(…) Manifestando que por motivos de seguridad nacional no se pueden mostrar todas las instalaciones, que para dichos efectos se deberá dirigir la petición a la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, o a la novena Región Militar con sede en Acapulco, para que autoricen la inspección general”, asentó en el acta de sus diligencias el agente del Ministerio Público.
MILENIO fue informado por uno de los funcionarios que participó en la inspección que los sitios que no recorrieron fueron “la armería”, “las oficinas” de la comandancia y oficiales, las áreas de comunicaciones, así como la zona de cocina, comedores y atención médica.
Ante la petición de estudiantes y padres de familia de visitar “las celdas de detenidos” del cuartel, el también comandante del 41 Batallón de Infantería les informó que en dicho cuartel no hay tales instalaciones:
“(…) Señalando que las instalaciones que ocupan los batallones no cuentan con áreas de seguridad de detenidos, ya que al momento de que llegan a detener a individuos estos son canalizados directamente a las diferentes dependencias adonde correspondan”, se lee en el acta.
Lo que sí informó el coronel es que el cuartel cuenta con un baño habilitado como “área de seguridad con puerta de celda” dentro del área que ocupa la sala de guardia y prevención. Ahí, en ese baño con barrotes, se guarda droga decomisada: “Dicha área es utilizada únicamente como depósito de enervantes, la cual se encuentra cerrada con candado y sellada con etiquetas de papel”, redactó el agente Elmer Rosas Asunción, quien procedió a tomar fotografías del lugar. En ese sitio restringido no había nadie detenido.
En los documentos ministeriales, acompañados de fotos y croquis con imágenes satelitales, se hace una descripción de todas las zonas del cuartel que fueron revisadas (habitaciones, baños, depósito de enervantes, sala de guardia). Por ejemplo, lo que se entiende que son los barracones de los soldados:
“Se trata de una construcción de concreto armado pintado de color verde y blanco con techo de loza de dos aguas, el cual mide del lado oeste veintitrés metros, siendo esta su fachada. Por su lado sur diez metros. Por el lado este, veintitrés metros y por el lado norte diez metros. Se observa sobre la fachada un acceso de puerta de aluminio y cristal. Al ingresar se observan dos habitaciones. Dentro de la primera se encuentran varias literas con sus respectivos colchones, las cuales se encuentran alineadas con dirección al norte”.
También se describe otra zona restringida, donde tampoco había nadie capturado:
“Por su lado oeste se observa un acceso con una puerta de reja de estructura de herrería pintado de color negro, observándose que dicha reja se encuentra cerrada con un candado y tres sellos de papel de color blanco pegados en la parte superior, en la parte media cubriendo el candado, y en la parte baja dichos sellos contienen una leyenda: ‘Campo Militar número 35-C, Iguala, Guerrero, a 24 de septiembre 2014. Prohibido el paso. Zona restringida. Solo personal autorizado por orden del Coronel de Infantería del Batallón. El Mayor de Infantería Jefe de la S110 (…)’, observándose en su interior a través de la reja muebles de estantería y sobre estos una caja de cartón cerrada y una cubeta de plástico de color blanco con azul”.
La diligencia en el cuartel militar inició a las 12:00 horas y terminó menos de una hora después, “concluyendo la visita sin ninguna información relevante”, sintetiza una tarjeta informativa.
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El Ejército también fue conminado por la fiscalía el mismo 28 de septiembre para que respondiera ministerialmente si había detenido a los estudiantes hasta ese momento desaparecidos. Y para que entregara las bitácoras del cuartel.
Se trata de otro documento relevante sobre la búsqueda de normalistas: es el oficio “urgente” 7341 elaborado por el mismo agente del Ministerio Público, Elmer Rosas Asunción, el cual forma parte de la averiguación previa HID/SC/AA/03/0683/2014, dirigido al comandante del 27 Batallón de Infantería. Cita los artículos 21 de la “Constitución Política Federal”, 77 de la Constitución local, así como los artículos 1, 4, 36, 54, 58 y 63 del Código Penal de Guerrero y ordena:
“Solicito a usted que informe por escrito a esta representación social de las bitácoras que están bajo su cargo de los días 26, 27 y 28 de septiembre del año en curso y, si detuvieron personas, que proporcionen números de ellas así como nombres y apellidos completos de esas personas, y las faltas o delitos que cometieron, y si salieron bajo fianza o pagaron su multa de algún arresto administrativo, toda vez que en esta representación social se inició la presente indagatoria por el delito de desaparición de personas, cometido en agravio de…”, y el Ministerio Público enlista los 57 nombres de los estudiantes que hasta ese momento estaban desaparecidos.
El comandante, supo MILENIO, previa autorización de la superioridad, entregó las bitácoras y respondió que no: que los soldados no habían detenido a nadie.
Milenio
