La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, cumple tres meses este viernes, con nuevas movilizaciones de padres y compañeros de los jóvenes para exigir su localización con vida y justicia en el caso.
Para este día, los familiares y grupos afines tienen previsto realizar marchas en Guerrero y el Distrito Federal, según anunciaron ellos mismos el domingo pasado y han informado algunas organizaciones civiles que los asesoran.
Se prevé que la principal manifestación sea la de la capital mexicana, programada para las 16:00 horas (local) en un recorrido del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución.
Esta protesta se realizará dos días después de que, la noche del 24 de diciembre –en Nochebuena–, los padres de los normalistas se manifestaran en las inmediaciones de la residencia oficial de Los Pinos para demandar resultados al gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto.
Los familiares rechazan las conclusiones de las autoridades, según las cuales los estudiantes fueron retenidos por policías municipales de Iguala y de Cocula ligados al crimen organizado, quienes presuntamente los entregaron al cártel Guerreros Unidos y éste, a su vez, los asesinó y quemó sus cuerpos.
Como parte de sus investigaciones, la Procuraduría General de la República (PGR) ha señalado que halló esos cadáveres calcinados en un basurero de Cocula y que los envió a analizar a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para que se corrobore su identidad.
El 6 de diciembre, los padres informaron que peritos hasta ahora han identificado algunos de esos restos y que corresponden a los de uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio. Sin embargo, han advertido que se mantendrán en su exigencia de que las autoridades localicen a los otros 42 jóvenes.
De lo contrario, dicen, planean “radicalizar” sus protestas con medidas como impedir las elecciones del próximo año en Guerrero, donde se renovarán el gobierno estatal, el congreso y los 81 ayuntamientos.
El caso Ayotzinapa ha atraído la atención internacional y ha generado llamados de organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que el gobierno de México actúe urgentemente para garantizar el respeto a los derechos humanos en su territorio.
