La anuencia gubernamental y del Vaticano hacia las actividades de algunos obispos católicos que están propiciando pactos para disminuir la violencia se presenta como el indicio de una severísima crisis de seguridad nacional del Estado: una institución de fe no puede representar los intereses del Estado frente al poder criminal que representan las bandas delictivas que combaten al Estado.
Lo primero que se debe aclarar es el tipo de relación que los obispos promotores del pacto criminal tienen en sus zonas de influencia, toda vez que su papel es el de administrar la fe y no representar intereses de seguridad del Estado.
Más que resolver un problema de seguridad que le compete de manera exclusiva y constitucional al Estado, los obispos estarían legitimando la existencia y acciones criminales de grupos delictivos y dándoles la bendición de Dios, pero a sabiendas de que esas organizaciones que dependen de la lucha criminal contra otros grupos, contra la sociedad y contra el Estado representan intereses económicos multimillonarios y no están preocupados por los feligreses.
En este sentido, las autoridades del Estado federal debieran de abrir una investigación para indagar las relaciones de los obispos que están propiciando el pacto criminal con cárteles para determinar si no se trata de algún acto de venta de protección o de alguna complicidad, sobre todo porque las representaciones de la Iglesia en las comunidades carecen de ingresos y dependen de las limosnas, muchas de ellas determinadas como narcolimosnas. Aún no se ha aclarado cuánto dinero del narcotráfico se invirtió en el seminario de Tijuana que promovió el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo y si ese dinero de sangre fue recibido a cambio de bendecir, entre otros, al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.
La iglesia está promoviendo pactos de estabilidad que involucran actividades constitucionales del Estado, sin que se sepa en realidad qué tipo de representación pública tienen los obispos para sentarse a negociar con los narcos y sobre todo qué tipo de ofertas tiene en sus manos la iglesia católica para convencer a los cárteles a sembrar droga, venderla y promover el consumo que asesina a feligreses.
Para pactar hay qué ofertar y negociar. Y hasta ahora no se sabe qué facultades legales tiene la iglesia católica para negociar con el crimen organizado ante cárteles del narcotráfico que están caracterizados como delincuentes peligrosos y sobre todo no se sabe qué tipo de garantías está ofertando la iglesia católica a los delincuentes para que le bajen algunas rayitas a su violencia.
La iglesia católica es una representación de intereses extranjeros en México, como bien lo supo el presidente Plutarco Elías Calles cuando quiso impulsar la creación de una iglesia mexicana y encontró de frente a la contrarrevolución cristera. Los obispos, en términos jurídicos, carecen de representatividad nacional y sólo están registrados en la Secretaría de Gobernación, pero en los hechos son agentes extranjeros designados directamente por el Papa y por lo tanto representan intereses de otro Estado, además de que la geopolítica y la seguridad nacional del Vaticano siempre ha jugado a favor del enfoque de dominación imperial de Estados Unidos.
Con suspicacia, los obispos que promueven el pacto criminal con narcos pudieran estar otorgando certificado de impunidad a las bandas delictivas para operar en territorios de la soberanía territorial del Estado nacional, es decir en los hechos habría una complicidad iglesia católica-narcotraficantes para debilitar la soberanía del Estado sobre la totalidad del territorio mexicano.
En este contexto, los pactos criminales de la Iglesia con los narcos son un asunto de soberanía, seguridad interior y seguridad nacional del Estado mexicano.
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