El gobernador de Jalisco atribuyó los enfrentamientos a un presunto grupo de choque de alrededor de 400 personas y confirmó que 28 policías resultaron heridos. Aseguró que 12 detenidos ya fueron liberados y ordenó revisar los casos restantes, así como los videos del operativo para identificar posibles excesos policiales. Sin embargo, su explicación se centró en los actos de los manifestantes y no detalló el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua por parte de las autoridades.
El gobernador Pablo Lemus Navarro reapareció públicamente después de los enfrentamientos registrados durante la manifestación contra la contaminación del agua en la zona metropolitana de Guadalajara, una movilización que terminó con decenas de personas detenidas, policías lesionados y cuestionamientos sobre la actuación de los cuerpos de seguridad.
A través de un video difundido en redes sociales, el mandatario estatal sostuvo que la protesta comenzó como una movilización ciudadana legítima, pero que posteriormente fue desvirtuada por un grupo de personas que, según su versión, buscaba provocar enfrentamientos.
“La violencia acabó con lo que inició como una protesta legítimamente ciudadana”, declaró Lemus al referirse a los hechos ocurridos durante la movilización.
El gobernador confirmó un saldo oficial de 28 policías heridos y 39 personas detenidas. También informó que solicitó a la Fiscalía estatal revisar cada caso para determinar si las detenciones estaban justificadas y evitar que personas ajenas a los actos violentos permanecieran sujetas a medidas judiciales.
No obstante, su mensaje dejó pendientes varias explicaciones sobre el desarrollo del operativo, particularmente en relación con el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua contra los manifestantes, así como con las circunstancias en que se produjeron las detenciones.
Lemus atribuye los enfrentamientos a un presunto grupo de choque
En su pronunciamiento, Pablo Lemus afirmó que aproximadamente 400 personas encapuchadas se incorporaron a la movilización con la intención de generar violencia y restar legitimidad a las exigencias ciudadanas relacionadas con la calidad del agua.
El gobernador señaló que estas personas presuntamente portaban piedras, tubos, martillos y explosivos, y aseguró que los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad se prolongaron durante alrededor de tres horas.
Según su versión, el grupo habría actuado con el propósito de alterar una protesta cuyo origen era la inconformidad de los habitantes por los problemas de contaminación del agua que afectan a distintas colonias de la zona metropolitana de Guadalajara.
Sin embargo, el mandatario no presentó en el mensaje detalles que permitieran identificar a las personas a las que atribuyó esos actos ni precisó qué elementos de investigación respaldaban la cifra de aproximadamente 400 presuntos integrantes del grupo de choque.
Tampoco explicó de manera detallada cómo se distinguió a quienes presuntamente participaron en actos violentos del resto de los asistentes a la movilización.
Esta distinción resulta relevante ante el número de personas detenidas y la posterior revisión anunciada por el propio gobierno estatal.
Confirma 39 detenidos y anuncia revisión de los casos
Uno de los puntos centrales del mensaje fue el saldo de las detenciones. Lemus confirmó que 39 personas quedaron bajo custodia de las autoridades después de los enfrentamientos.
El gobernador reconoció que durante este tipo de situaciones pueden quedar detenidas personas que no participaron directamente en los actos violentos.
“En esta clase de situaciones es normal que haya personas inocentes que quedan atrapadas en medio de la revuelta”, expresó, al justificar la revisión individual de los expedientes.
De acuerdo con su declaración, solicitó a la Fiscalía de Jalisco examinar cada caso y determinar qué personas debían continuar sujetas al procedimiento y cuáles podían ser liberadas.
El mandatario informó que 12 personas ya habían sido liberadas y adelantó que durante el transcurso del día se daría a conocer información sobre posibles liberaciones adicionales.
Sin embargo, es necesario distinguir entre la liberación de una persona y una resolución definitiva sobre su responsabilidad penal. La situación jurídica de cada detenido depende de las determinaciones de las autoridades ministeriales y judiciales.
Además, el texto original señala que, según información atribuida a la Fiscalía, al menos seis personas no fueron sometidas a prisión preventiva mientras continuaba la integración de las carpetas de investigación. Esta circunstancia no equivale necesariamente a una absolución, pues la ausencia de esa medida cautelar no resuelve por sí misma el fondo de una investigación.
Por ello, será importante que las autoridades informen cuántas personas fueron liberadas, bajo qué condiciones y qué determinaciones se adoptaron en cada expediente.
Los gases lacrimógenos y los chorros de agua, entre los puntos cuestionados
Aunque el gobernador concentró su explicación en la conducta que atribuyó a un grupo de manifestantes, su mensaje no detalló el uso de gases lacrimógenos ni de chorros de agua por parte de los cuerpos de seguridad durante la confrontación.
La omisión deja abierta una parte importante de las preguntas sobre el desarrollo del operativo: qué motivó la intervención policial, qué medidas se utilizaron para dispersar a la multitud y si la actuación de los agentes se ajustó a los protocolos aplicables.
Lemus aseguró que dio instrucciones a elementos de Seguridad Pública, Protección Civil y servicios médicos para proteger al contingente y permitir que los participantes ejercieran libremente sus derechos.
Sin embargo, el resultado de la movilización —con policías heridos, personas detenidas y señalamientos sobre el uso de la fuerza— hace necesario conocer cómo se aplicaron esas instrucciones durante los enfrentamientos.
El gobernador anunció que se revisarían las grabaciones de los hechos para identificar posibles excesos y establecer responsabilidades.
La revisión de videos, testimonios y otros elementos puede contribuir a reconstruir lo sucedido, siempre que las investigaciones permitan identificar las actuaciones individuales y determinar si existieron abusos.
Anuncian revisión de videos y posibles sanciones
Lemus adelantó que las autoridades analizarían las imágenes de la protesta para determinar si hubo excesos por parte de los cuerpos de seguridad.
El compromiso abre la posibilidad de revisar tanto las acciones de los agentes como las circunstancias en las que se realizaron las detenciones.
No obstante, el gobernador no precisó qué instancia encabezará la revisión, cuándo se presentarían los resultados ni qué procedimiento se aplicaría en caso de comprobarse un uso indebido de la fuerza.
Tampoco detalló si se establecería un mecanismo para que las personas detenidas o lesionadas presentaran quejas y aportaran pruebas sobre lo ocurrido.
La transparencia en estas investigaciones será importante para determinar si la intervención se realizó conforme a la ley y para evitar que las responsabilidades queden sin esclarecer.
La revisión deberá distinguir entre los posibles actos delictivos cometidos durante la protesta y cualquier actuación irregular de los servidores públicos, pues ambos aspectos requieren análisis específicos.
Lemus informó a Sheinbaum sobre los hechos
El gobernador señaló que la mañana de este lunes informó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre los acontecimientos ocurridos durante la protesta, durante una reunión del Gabinete de Seguridad federal.
La comunicación entre ambos gobiernos se produce en medio de la controversia por la actuación policial y de las exigencias ciudadanas para que se resuelva el problema de contaminación del agua.
La presidenta había expresado previamente su rechazo a la represión de manifestaciones pacíficas y señalado que correspondía al gobierno estatal explicar el operativo, las detenciones y el uso de gases lacrimógenos y chorros de agua.
Con el nuevo pronunciamiento de Lemus, el gobierno de Jalisco presentó su versión de los hechos, pero siguen pendientes los resultados de las investigaciones y las explicaciones detalladas sobre las decisiones tomadas durante la intervención.
La crisis del agua continúa en el centro de las protestas
Al cierre de su mensaje, Lemus reiteró que su administración continúa trabajando para atender los problemas de contaminación del agua que afectan a habitantes de cientos de colonias de la zona metropolitana de Guadalajara.
También aseguró que el servicio no será privatizado, en medio de la discusión con el gobierno federal sobre el esquema de financiamiento para las obras y acciones necesarias para atender la problemática.
El conflicto por la calidad del agua constituye el origen de la inconformidad ciudadana y permanece como uno de los principales asuntos pendientes para las autoridades estatales.
La población necesita información clara sobre las causas de la contaminación, las medidas para garantizar un suministro seguro y los plazos para resolver las deficiencias denunciadas.
Mientras tanto, la controversia por la actuación policial añadió nuevas exigencias de transparencia y rendición de cuentas.
Las explicaciones pendientes del gobierno estatal
Tras reconocer las detenciones y anunciar una revisión de los expedientes, el gobierno de Jalisco enfrenta el reto de aclarar qué ocurrió durante la protesta y qué medidas adoptará para garantizar que las responsabilidades se determinen de manera individual.
Entre los puntos pendientes están el resultado de la revisión de los videos, la situación jurídica de las personas detenidas, las circunstancias de las liberaciones y la investigación sobre posibles excesos policiales.
También será necesario precisar las razones para utilizar gases lacrimógenos y chorros de agua, así como establecer si las medidas aplicadas fueron proporcionales a las circunstancias del operativo.
Por su parte, las autoridades deberán continuar atendiendo el problema de contaminación del agua que motivó la movilización.
La resolución de ambos conflictos dependerá de que las explicaciones públicas se acompañen de investigaciones verificables, información transparente y medidas concretas para garantizar tanto el derecho a la protesta pacífica como el acceso de la población a agua de calidad.
