El Presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo Peimbert Calvo, dio a conocer que la niña triqui a la que sus padres pretendieron vender, se quedará bajo tutela del estado, luego de que sus progenitores no cumplieran con los requisitos solicitados por una juez, para asumir la patria potestad de la menor.
El titular del organismo, afirmó que independientemente de esta resolución, el procedimiento penal integrado ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ), contra los involucrados en la compra –venta de la menor, continúa, “nosotros no hemos soltados el caso, y lo agotaremos hasta las últimas consecuencias”.
El ombudsperson, aceptó que ayudó mucho el efecto que generaron los medios de comunicación, para que la juez que llevaba el caso revirara su fallo y se evitara que la menor regresara con sus padres; quienes para recuperarla, deben cumplir con ciertos requisitos, como proporcionarle educación, vestido, cobijo, alimentación y a una vida digna y feliz, por lo que la menor quedó a tutela del estado, particularmente del Sistema Integral para la Familia (DIF), bajo supervisión de la propia DDHPO.
Afirmó que la niña se encuentra en el albergue infantil del DIF, que es considerado un sitio neutro e imparcial, y donde recibe tratamiento psicológico para superar episodios de violencia propiciados por sus padres.
Dijo que lo que hace falta ahora es que los órganos de justicia agilicen la investigación para que se sancionen los delitos cometidos.
En tanto, la subprocuradora de Violencia por Cuestiones de Género de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, Iliana Hernández Gómez, afirmó que los padres de la menor siguen bajo investigación y en calidad de indiciados por los delitos de corrupción de menores, maltrato infantil y trata de persona.
También sigue bajo investigación el presunto comprador, Basilio Ramírez, quien presentó un amparo otorgado por la justicia federal, para evitar ser detenido.
“Estamos agotando todas las instancias del procedimiento, para tipificar lo que ocurrió, una vez que hay la hipótesis de que la entrega de la menor al acusado de comprarla, se otorgó por los propios padres a cambio del pago de una deuda por ciertos servicios prestados.
Aquí hay muchos dudas que estamos tratado de desahogar con pruebas y testimonios para hacer valer la ley y el estado de derecho y no generar impunidad”, afirmó
Por su parte, diputados locales del Congreso Local anunciaron su intención de legislar para crear una reforma al Código Penal y sancionar como delito grave en el fuero común, a quienes vendan o compren mujeres, incluso se pide que se siente un precedente jurídico llevando a la cárcel al implicado en la venta de la última niña, el abogado Basilio Ramírez, para evitar que se sigan cometiendo este tipo de prácticas y atropellos.
Agencia JM
