Diana Mendez
La Alianza de los Pueblos por la Justicia Social, integrada por diversas organizaciones como la Organización de Pueblos Indígenas del Estado de Oaxaca (OPIEO), el Comité de Defensa de los Pueblos (CODEP), la Asociación Civil de Organizaciones de los Pueblos de Oaxaca (ACOPP) y el Partido Auténtico de la Izquierda Social (PAIS), denunció la indiferencia del gobierno federal, en particular de la Secretaría de Gobernación, para atender las demandas del magisterio oaxaqueño y de los pueblos organizados.
Las organizaciones señalaron que el contexto actual en Oaxaca está marcado por inseguridad, corrupción y nepotismo, además del uso recurrente de grupos de choque y la persecución de activistas sociales. Advirtieron que estas prácticas amenazan la estabilidad social y la defensa de los recursos naturales y culturales del estado.
Entre las principales exigencias destacaron justicia para las víctimas de represión durante el conflicto social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y los hechos ocurridos en Nochixtlán, así como el alto al uso de fuerzas de choque y grupos paramilitares, que consideran instrumentos de represión. Asimismo, demandaron el cese a la persecución judicial y a las ejecuciones extrajudiciales en contra de luchadores sociales, además de una solución inmediata a las demandas sociales y de justicia planteadas por el pueblo organizado.
La Alianza hizo un llamado a la unidad entre el magisterio, los pueblos indígenas y las organizaciones sociales para detener lo que calificaron como una “escalada de represión”. También exhortaron al gobierno federal a retomar el diálogo y cumplir con los compromisos pendientes, subrayando que la lucha social en Oaxaca es fundamental para la construcción de justicia y equidad en el estado.
