Diana Méndez
La Asamblea de la Comunidad Indígena Binniza de Puente Madera y la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT) expresaron su solidaridad con las familias de las personas fallecidas y heridas tras el descarrilamiento del tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el pasado 28 de diciembre de 2025.
A través de un pronunciamiento público, las organizaciones señalaron que el hecho no debe considerarse un accidente aislado, sino una consecuencia directa, afirmaron de la imposición y ejecución apresurada de un megaproyecto que, desde su perspectiva, ha sido construido sin garantizar condiciones adecuadas de seguridad, transparencia y respeto al territorio.
La agrupación responsabiliza directamente a la Secretaría de Marina (SEMAR), institución encargada de la planeación, construcción, administración y operación del Corredor Interoceánico, así como de su infraestructura ferroviaria y parques industriales. Criticaron que la dependencia haya asumido funciones que consideran ajenas a su mandato, operando un proyecto civil bajo un esquema militarizado y sin rendición de cuentas.
Asimismo, denunciaron que el desarrollo del proyecto se ha realizado mediante subcontrataciones que señalan carecen de supervisión independiente y controles efectivos de seguridad, además de estar marcadas por presuntas prácticas de nepotismo, corrupción y tráfico de influencias. Indicaron que estas decisiones han derivado en consecuencias graves para la población, como personas lesionadas, pérdidas humanas y afectaciones a familias enteras.
Las organizaciones recordaron que desde años atrás han advertido sobre los riesgos del Corredor Interoceánico, particularmente por la prisa en la inauguración de obras y el cumplimiento de calendarios políticos y económicos, lo cual afirman pone en peligro a comunidades y usuarios de la infraestructura.
En su posicionamiento, también sostuvieron que el proyecto no responde a las necesidades de los pueblos del Istmo, sino a un modelo logístico orientado al comercio internacional, similar al que, a su juicio, representa el Tren Maya. Aseguraron que el transporte de pasajeros es temporal y que el objetivo final es la operación de trenes de carga vinculados a puertos, parques industriales, gasoductos y zonas francas.
Finalmente, denunciaron un incremento de la violencia en la región, así como presuntas amenazas, detenciones arbitrarias y procesos judiciales contra personas defensoras del territorio, lo que atribuyen al avance del megaproyecto. Las asambleas exigieron una investigación real, justicia para las víctimas, reparación integral de los daños y la suspensión del modelo de desarrollo que, aseguran, pone en riesgo la vida de las comunidades.
Las organizaciones reiteraron que continuarán con su lucha y resistencia en defensa del territorio, al señalar que el Istmo de Tehuantepec no debe ser tratado como una “zona de sacrificio”.
