Diana Mendez
A 18 años de la desaparición forzada del activista indígena Lauro Juárez, organizaciones sociales exigieron a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) aceptar y cumplir la recomendación 21/2025 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), por violaciones a derechos humanos en la investigación de este caso.
En conferencia de prensa, la Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia A.C. y el Frente Popular Revolucionario (FPR) denunciaron que la Fiscalía ha incurrido en omisiones y dilación en las indagatorias iniciadas desde 2008, lo que ha impedido identificar a los responsables de la desaparición de Juárez, ocurrida en la región chatina.
De acuerdo con el recuento presentado, Lauro Juárez, originario de La Soledad La Arena, Santa María Temaxcaltepec, fue desaparecido el 30 de diciembre de 2007 durante una jornada de movilización en defensa de los procesos de elección indígena por usos y costumbres. Pobladores de San Gabriel Mixtepec, Santos Reyes Nopala y Santa María Temaxcaltepec protestaban tras denunciar imposiciones políticas vinculadas al priismo de la época.
Los familiares de la víctima denunciaron los hechos ante la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, sin embargo, afirmaron que el gobierno estatal de ese momento obstaculizó el acceso a la justicia. Según la recomendación emitida por la DDHPO, la actual Fiscalía ha mantenido la misma falta de voluntad, al no avanzar en la investigación ni garantizar los derechos a la verdad y al debido proceso.
Las organizaciones señalaron directamente al fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, a quien demandaron aceptar la recomendación y abrir una mesa de diálogo inmediata con las víctimas. Advirtieron que la negativa a acatar este documento reproduciría un patrón de impunidad similar al observado en otros casos, como el de la recomendación 17/2025 sobre la ejecución extrajudicial de Tomás Martínez Pinacho.
“La aceptación de la recomendación no es una concesión; es una obligación ética, jurídica y política del fiscal general”, afirmaron las organizaciones convocantes. Asimismo, acusaron que la impunidad en el caso de Lauro Juárez ha sido sostenida por gobiernos de diferentes partidos en Oaxaca, desde administraciones priistas hasta el actual gobierno.
Finalmente, anunciaron que continuarán movilizándose hasta que el Estado garantice verdad, justicia y reparación para las víctimas.
