Diana Mendez
Diversas organizaciones sociales y de derechos humanos emitieron un pronunciamiento público para denunciar la grave situación de violencia e inseguridad que enfrentan comunidades mixes del municipio de San Juan Mazatlán, en la región Mixe de Oaxaca, donde señalan agresiones presuntamente cometidas por un grupo armado proveniente de Santo Domingo Petapa.
En el documento dirigido al Gobierno Federal, al Gobierno del Estado de Oaxaca y a la opinión pública, las organizaciones manifestaron su preocupación por los hechos que afectan a habitantes de las comunidades de San Juan Mazatlán, Loma de Santa Cruz, Rancho Juárez, Los Valles y San Antonio del Valle, donde aseguran que el conflicto se ha recrudecido desde 2023.
De acuerdo con el pronunciamiento, en los últimos tres años el conflicto ha dejado tres comuneros asesinados: Porfirio Bautista Domínguez, Israel Cabrera Andrés y Palemón Agustín Epitacio, cuyos casos, señalan, permanecen en la impunidad. Asimismo, denunciaron la muerte por inanición de una mujer de la tercera edad, así como el desplazamiento de más de 100 familias, además de dificultades para acceder a alimentos, servicios de salud y condiciones básicas de seguridad.
Las organizaciones también señalaron que las comunidades viven en un ambiente de inseguridad y temor, debido a que, afirman, no se ha garantizado la presencia efectiva de las instituciones encargadas de brindar seguridad y evitar nuevos hechos violentos.
En el pronunciamiento se cuestiona la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades, al considerar que existe omisión e inacción gubernamental, lo que, aseguran, ha permitido que el conflicto se prolongue.
Entre las principales demandas, las organizaciones solicitaron la intervención inmediata del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar condiciones de seguridad, así como el despliegue urgente de medidas de protección para las familias, niñas, niños y personas adultas mayores que habitan en las comunidades afectadas.
También pidieron el restablecimiento del orden y la investigación pronta, imparcial y exhaustiva de los asesinatos de los comuneros, además de sanciones contra los responsables.
Asimismo, demandaron la instalación de una mesa de diálogo formal con autoridades federales, con garantías de imparcialidad, transparencia y el acompañamiento de organismos de derechos humanos.
El pronunciamiento fue respaldado por diversas organizaciones y colectivos, entre ellos Acción Colectiva por los Derechos Humanos en Oaxaca (ACDHO), el Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), así como redes y plataformas de defensa de derechos humanos y territoriales.
Las organizaciones advirtieron que la falta de atención institucional podría profundizar el conflicto, por lo que reiteraron el llamado a las autoridades para generar soluciones reales y efectivas que garanticen la justicia, la seguridad y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas.
