Diana Mendez
La noche de este miércoles, los integrantes del Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO) se retiraron de los accesos del Palacio de Gobierno luego de la presencia policiaca en la zona. Los manifestantes, que portaban palos y machetes y habían amagado con cerrar comercios en el zócalo, mantuvieron durante varias horas bloqueadas las entradas del edificio gubernamental.
Tras el repliegue, diversas asociaciones civiles y colectivos emitieron comunicados en los que acusaron un intento de represión contra las organizaciones que se manifestaban en la capital.
El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca manifestó su respaldo a las agrupaciones de FORO, al tiempo que rechazó lo que calificó como “intimidaciones y represiones” por parte de la Policía Municipal, el Gobierno del Estado y fuerzas federales. El organismo responsabilizó a las autoridades de cualquier afectación a la integridad de los manifestantes y llamó al gobernador Salomón Jara Cruz a privilegiar el diálogo.
Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió un comunicado en el que exhortó a garantizar la integridad física, la dignidad y el derecho a la protesta de todas las personas. El organismo defensor anunció que dará seguimiento puntual a la situación en la zona y reiteró que la paz social debe construirse mediante el respeto a los derechos fundamentales.
La Coordinadora Contra la Represión y por la Justicia (CCRJ) también expresó su condena a lo que consideró como una amenaza de desalojo, acusando que la movilización de cuerpos de seguridad estatales y municipales “representa un intento de criminalizar y reprimir la protesta social”. La organización cuestionó la postura oficial y exigió la instalación de una mesa de trabajo “seria y con resultados”, que atienda las demandas sobre despojo, justicia y proyectos comunitarios.
Las organizaciones coincidieron en que la salida a los conflictos sociales en Oaxaca no debe pasar por la fuerza pública, sino por el diálogo y la voluntad política de las autoridades para atender las problemáticas planteadas por los pueblos y colectivos organizados.
