Diana Mendez
Integrantes del Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (FORO), junto con comunidades indígenas y campesinas, anunciaron el inicio de una nueva jornada de movilización en defensa de sus territorios y derechos humanos, ante lo que califican como falta de respuesta y voluntad política de los gobiernos estatal y federal frente a denuncias de despojo territorial, criminalización y hostigamiento.
A través de un pronunciamiento público dirigido a medios de comunicación, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y a la sociedad en general, el FORO reiteró que “las tierras y playas no se venden, se cuidan, se defienden y se liberan”, al tiempo que denunció agresiones y amenazas contra comunidades que resisten procesos de despojo en zonas como Playa El Coyote, en Santa María Huatulco, y Playa Salchi, en San Pedro Pochutla.
Las organizaciones recordaron que, a casi un año de la Marcha-Caravana por Justicia, la Defensa de Nuestros Territorios y los Derechos Humanos, que partió de diversas comunidades rumbo a Palacio Nacional, no se han cumplido los compromisos asumidos por el Gobierno del Estado de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara Cruz, ni por la representación del Gobierno Federal en la entidad. Señalaron que, lejos de avances en justicia, reparación integral y sanción a responsables, se ha intensificado la criminalización judicial, las amenazas institucionales y el hostigamiento de grupos armados.
Asimismo, advirtieron que las personas defensoras del territorio enfrentan un riesgo permanente de desaparición o asesinato, en un contexto de impunidad, presencia de delincuencia organizada y precariedad en servicios básicos como la salud. También acusaron al gobierno estatal de priorizar actividades políticas y electorales por encima de la atención a las demandas de las comunidades.
Ante este escenario, las asambleas del FORO informaron que en enero de 2026 iniciará una nueva Marcha-Caravana, que incluirá actividades regionales y una movilización conjunta hacia Palacio Nacional, con la intención de exigir justicia y conocer la postura del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a los señalamientos de despojo territorial y presunta complicidad de autoridades.
Las organizaciones convocantes hicieron un llamado a colectivos sociales, defensores de derechos humanos, organismos nacionales e internacionales y medios de comunicación a mantenerse atentos, sumarse de manera solidaria y vigilar cualquier agresión contra las comunidades y voceros del movimiento, especialmente en Playa El Coyote y Playa Salchi.
Finalmente, responsabilizaron a los gobiernos estatal y federal de cualquier hecho de violencia que pudiera ocurrir contra las personas defensoras del territorio y reiteraron su exigencia de justicia, reparación integral, garantías de no repetición y fin a la impunidad.
El pronunciamiento fue respaldado por diversas organizaciones, entre ellas CODEDI, CODEPO, FIZ, COCISS, así como colectivos y redes de derechos humanos estatales, nacionales e internacionales.
