En las primeras horas de la madrugada del sábado ocurrieron hechos que podrían causar serios perjuicios al país. Sin orden de cateo emitida por un juez –que en su caso debería cumplimentar una corporación policiaca– dos o tres docenas de encapuchados, hasta donde se sabe efectivos del Ejército, irrumpieron en el domicilio particular del señor Jorge Hank Rhon, penetraron en su recámara y lo retuvieron por la fuerza durante varias horas junto con su esposa y sus hijos.
Como es del dominio público, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión no ha decretado el estado de excepción en el país, en Baja California o en Tijuana, y no veo motivos para que lo haga, pero aun en condiciones extraordinarias, las garantías individuales y los derechos humanos de ese señor y su familia deberían estar a salvo, como lo dispone la Constitución.
La versión oficial de es inverosímil. Afirma el vocero Poiré que el presidente de la República no estuvo enterado de esa acción. Confío en que este dicho no corresponda a la verdad, porque si no le dijeron nada al presidente y una autoridad menor –no se dio a conocer cuál– tomó una decisión de Estado que viola el orden constitucional, habría motivos de preocupación por la manera como se ejerce el poder en el más alto nivel político del país. Si, por el contrario, el presidente estuvo al tanto y aprobó el operativo, a él corresponde toda la responsabilidad, como ocurrió por ejemplo con la toma de las instalaciones de la extinta Luz y Fuerza del Centro por la Policía Federal.
Informó el propio señor Poiré que la intervención de la fuerza pública se debió a una “denuncia ciudadana”. Esto es lo más preocupante, pues con esa lógica, bastaría con que alguien hiciera una denuncia contra mí –o contra usted, estimado lector–para que quedáramos expuestos a que la fuerza pública nos diera un tratamiento semejante al que dieron al señor Hank Rhon. Claro que este señor, usted o yo, podríamos ser responsables de la comisión de un ilícito, pero ello no nos privaría de las garantías individuales que la Constitución reconoce a toda persona en el territorio nacional.
Las aprehensiones de personajes públicos por supuestas denuncias eran corrientes en los regímenes represivos como el de Stalin y supongo que lo son en las dictaduras que perviven, pero no en un Estado de Derecho como todos suponemos que es el nuestro.
Al inicio del gobierno salinista, la fuerza pública irrumpió en el domicilio del entonces líder del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia y le “sembró” un arsenal y un cadáver, pero en su momento, la oposición política y, como parte de ella, el PAN, repudió y denunció este tipo de prácticas que tal vez tenía en mente Vargas Llosa cuando calificó al régimen priista como una “dictadura perfecta”.
Si uno lee la espléndida historia del PAN escrita por Soledad Loaeza[1] podrá suponer que para una parte considerable de los militantes y simpatizantes del partido fundado por Manuel Gómez Morín deben de ser inaceptables prácticas como la que aquí se comenta.
En un Estado de Derecho, si la Fiscalía General –en este caso la PGR– tiene motivos o indicios sólidos para presumir que una persona –cualquiera que sea su fama pública– cometió uno o varios ilícitos, hace una investigación y si de ella concluye que hay elementos para considerarla presunta responsable, solicita una orden de aprehensión ante un juez, para iniciar el proceso legal en su contra.
Yo no conozco personalmente al señor Jorge Hank Rhon y su afición a los animales exóticos, sus negocios y su talante no me inducen a defenderlo. Lo que sí defiendo, y lo haré por todos los medios legales a mi alcance, es el respeto a la Constitución que nos obliga a todos, y subrayo que el artículo 128 de ese supremo ordenamiento dispone que “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.”
Hasta aquí los hechos conocidos por la opinión pública y los argumentos en que me fundo para afirmar que se contravinieron el texto y el espíritu de la Constitución. Paso a hacer algunos comentarios que considero obligados.
La lectura de los periódicos y el sentido común me hacen suponer que todos los días, en alguna parte del país, se violan las garantías individuales y los derechos humanos de las personas. A raíz de la guerra contra el crimen organizado se han multiplicado estas prácticas. Lo que singulariza al caso de Hank Rhon es que su apellido está identificado con el partido político más importante del país y si se considera lo inverosímil de las versiones oficiales, sólo queda asumir que el objetivo era influir en las elecciones locales del Estado de México, entidad de origen del señor Hank y su padre: uno de los políticos más prominentes –y controvertibles– del PRI.
Esta posibilidad se refuerza al considerar que la aprehensión de Hank Rhon se produce cuando las campañas electorales para gobernador de la entidad están en su apogeo, pese a que las posibilidades de triunfo del candidato del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, abandonado por su propio partido, son mínimas incluso en el más favorable de los escenarios.
Nadie sabe si la aprehensión de Hank Rhon influirá o no en los comicios de la entidad y menos aún en los federales del próximo año, pero en el supuesto de que esa acción haya tenido una finalidad política, tal vez haya servido para medir el terreno y decidir si esa es una vía eficaz para cerrarle el camino de la Presidencia de la República al PRI.
La pregunta es qué sigue, no sólo para el señor Hank, que ha movilizado en su defensa a los abogados más eficaces del país, sino para la vida pública nacional.
Si el resultado no es el esperado por los estrategas, la aprehensión de Hank Rhon podría quedar como un hecho aislado. Pero si el resultado les parece satisfactorio, en las próximas semanas y meses podría haber nuevas detenciones, tal vez de ex gobernadores o de candidatos del PRI a cargos de elección popular.
Esta es una de las posibilidades más indeseables, porque provocaría un estado de crispación e inestabilidad política afectaría los procesos electorales estatales y federal éste y el siguiente año, y pondría en peligro a la democracia, entendida no sólo como un método electoral, sino como un sistema político y jurídico. Esa opción sería tan devastadora para el país, que no quiero ni pensar en ella.
[1] El Partido Acción Nacional: la larga marcha, 1939-1994. Oposición Leal y partido de protesta. Fondo de Cultura Económica. México, 1999. ISBN 968-16-5645-8
