* A dos años del sismo, se debe aplicar todo el peso de la ley contra el probable defraudador colombiano Oscar Gerardo Salcedo Gonzales, fundador y propietario del grupo Salcedo Construcción y Supervisión.
* El evidente fraude del Grupo Salcedo a los subcontratistas impide concluir la reconstrucción de escuelas y genera un grave problema de ingobernabilidad con marchas, plantones y bloqueos de carreteras en el Istmo.
Oaxaca, es inmensamente rica. Y no solo en la sabiduría de su gente, biodiversidad y cultura. También económica y financieramente. La Gran Señora del Sur sigue siendo tierra de conquista.
Es tierra de saqueo, sin llenadera ni límite alguno. A más de cinco siglos de su fundación, no han podido acabar con ésta. Hoy, le alcanzó el infierno tan temido del crimen organizado global.
Oaxaca, capital y estado, se ha convertido en una gigantesca lavadora de dinero sucio en México.
El dinero negro lavado proviene de delitos del crimen organizado y del narcotráfico en el país.
Otra fuente multimillonaria es la evasión de impuestos, a través del esquema outsourcing, mediante decenas de despachos contables y fiscales, propiedad o asociados a la vallistocracia.
En algunos casos el lavado de dinero se realiza en o desde los gobiernos, federal, estatal y municipales. Es lamentable que funcionarios traicionen a sus amigos gobernadores y alcaldes.
Más lamentable y doloroso es que la Secretaría de la Contraloría y Trasparencia Gubernamental y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sean omisas, complacientes o cómplices.
Explicablemente por la corrupción, la misma actitud nefasta de complicidad asume la Unidad de Inteligencia Financiera del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda.
A dos años del sismo que dejó cientos de muertos y heridos, y miles de damnificados en el Istmo, el mayor homenaje a éstos es encarcelar a los probables constructores defraudadores foráneos.
De manera especial se debe aplicar todo el peso de la ley contra el colombiano Oscar Gerardo Salcedo Gonzales, fundador y propietario del grupo Salcedo Construcción y Supervisión.
Con domicilio fiscal en Toluca, Estado de México, Salcedo en complicidad con funcionarios de SINFRA y IOCIFED dejó sin concluir cientos de escuelas destruidas en la región del Istmo.
Ocho empresas del Grupo Salcedo recibieron por adjudicación directa 123 contratos, que subcontrató en complicidad con el primer director del IOCIFED, Orlando Hernández Montes.
Grupo Salcedo, recibió del gobierno federal 120 millones de pesos y acaparó 70 por ciento de las obras de rehabilitación de escuelas dañadas por los sismos de septiembre de 2017 en Oaxaca.
Sin embargo, repentinamente cerró sus oficinas en Ciudad Ixtepec, y se fue de la región del Istmo y de Oaxaca, sin pagar a decenas de empresas constructoras que operaron como subcontratistas.
El evidente fraude del Grupo Salcedo a los subcontratistas impide concluir las escuelas y genera un grave problema de ingobernabilidad con marchas, plantones y bloqueos de carreteras en el Istmo.
Mario Bustillo Cacho, segundo director del IOCIFED, renunció al ser presionado por funcionarios de SINFRA y de la Contraloría para obligarle a firmar la recepción de escuelas no concluidas.
Fabián Herrera Villagómez, titular de SINFRA, permitió que su asesor Darío Vasconcelos Martínez supervisara el avance de las obras otorgadas a Grupo Salcedo, incurriendo en tráfico de influencia.
Con cinismo, Darío Vasconcelos, director de Diseño Estructural PROESI S.C., presume su trabajo como constructor y asesor en la Ciudad de los Archivos, Edificio del Archivo Histórico del Estado.
Lo hace, a pesar que en el gobierno de Ulises Ruiz fue director de obra de la estructura de la Velaria del Auditorio Guelaguetza de la que parte de la misma se cayó y desgarró la velaria.
Utiliza la presidencia de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural para desempeñarse como asesor de SINFRA, Secretaría de Salud, INFONAVIT, FOVISSSTE, FISOMEX, ASEMEX, FIVIDESU, IMSS.
Encarcelar a Oscar Salcedo es el mayor homenaje que Alejandro Murat rendiría al maestro Chico Toledo, quien contribuyó a reconstruir viviendas, comedores comunitarios y cocinas de totoperas.
Miembros de las mafias extranjeras de origen israelí y colombiano operan en Oaxaca. Defraudan al Gobierno del Estado y a municipios oaxaqueños. Simulan vender, prestar servicios o construir.
Además de Salcedo es el caso de los judíos Azulay Alón, escolta de Jhony Binyamin Yeshurun Sutchi o Ben Sutchi vinculado a George Khouri Layón, El Koki, encarcelado en el Reclusorio Oriente.
En ese penal, también se encuentran recluidos los líderes de La Unión Tepito, por el asesinato de Eduardo Salazar Bracamontes, dueño de dos discotecas y directivo de la empresa Herbalife.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), ambos israelís fundaron la compañía Bucay Soluciones Empresariales, ubicada en Álamos 505, colonia Reforma.
Según el informe, este consorcio ha participado en licitaciones del Gobierno del Estado y municipales desde 2016 y ganó varios concursos para surtir a la entidad de productos de papelería, pero sobre todo para dar asesoría legal en materia administrativa. ¡Qué tal, eh!
La empresa ayudaba a instituciones del gobierno estatal y de sus municipios en operaciones financieras que, entre otros beneficios, hacían posible que la Federación les devolviera el IVA, bajo un concepto de outsourcing, lo que les dejaba ganancias importantes a los israelíes. Esa aparentemente era una fachada para seguir en su negocio principal: lavado de dinero.
Una de las líneas de investigación más fuertes es que presuntamente estaba en conflicto con la organización criminal de Mosley Brothers y de una presunta sociedad criminal con Ben Cohen y su tío Itzik Cohen. El doble homicidio aparentemente escalaría a la disputa de mafias internacionales.
Inteligencia federal apunta a que Jhony Ben o Ben Sutchi era posiblemente el blanco del atentado en Plaza Artz en el que también fue ejecutado su paisano el también judío Azulay Alón a manos de
Esperanza Gutiérrez y Mauricio Hiram El Mawicho, con la complicidad de Vanessa Ballar, La Güera.
Tras la detención de El Mawicho en Zapopan, Jalisco, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México responsabiliza al Cartel Jalisco Nueva Generación de la ejecución de los israelíes.
alfredo_daguilar@hotmail.com
director@revista-mujeres.com
@efektoaguila
