El gobierno de México debe liderar la creación de un mecanismo de protección a periodistas con capacidad de coordinación entre autoridades y órdenes de gobierno y con la participación de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación, recomendó Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión.
Lo anterior se desprende del informe final sobre la misión oficial que tuvo lugar en México de manera conjunta con la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, del 9 al 24 de agosto del año pasado.
En aquella ocasión, ambos relatores visitaron el Distrito Federal, el Estado de México, Chihuahua, Guerrero y Sinaloa, en donde sostuvieron reuniones con autoridades gubernamentales, legislativas y judiciales tanto a nivel federal como estatal, así como con organizaciones de la sociedad civil, de periodistas y con otros actores relevantes.
De acuerdo con el relator Frank La Rue, México se ha convertido en el país más peligroso para ejercer el periodismo en las Américas, pues del año 2000 a 2010, 66 comunicadores han sido asesinados y 12 han desaparecido.
El funcionario del organismo internacional señaló la falta de voluntad política que ha prevalecido en la Fiscalía Especial para Delitos contra Periodistas de la Procuraduría General de la República (PGR), pues desde 2006, año en que fue creada, no ha logrado la sanción penal de un solo responsable y únicamente ha consignado cuatro casos.
Además, hace referencia a los atentados recientes contra los medios de comunicación. “La violencia se ha extendido a grado tal que durante el primer semestre de 2010, medios de comunicación nacionales sufrieron intimidaciones y presiones por parte del crimen organizado para publicar o no publicar cierta información; algo que con anterioridad afectaba principalmente a los medios estatales y locales”, establece.
El relator considera necesario crear un mecanismo de protección para periodistas, el cual “debe ser implementado a través de un comité oficial e interinstitucional de alto nivel; liderado por una autoridad federal; con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; dotado con recursos propios y suficientes, con la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación”.
Asimismo, el informe recomienda fortalecer a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República y a las procuradurías locales.
Restringen a radios comunitarias
El relator Frank La Rue también se refiere a la existencia en México de una alta concentración en la propiedad y el control de los medios de comunicación a los que se les ha asignado frecuencias radioeléctricas, además de que no existen procedimientos claros, precisos y equitativos para otorgar frecuencias de operación a las radios comunitarias.
Por ello, recomienda adoptar un marco normativo que brinde certeza jurídica, promueva la desconcentración de la radio y la televisión y contribuya a generar un espacio mediático plural y accesible a todos los sectores de la población.
En torno al gasto público en publicidad oficial, menciona que es alto y tiende a incrementarse.
“Existen casos en que la publicidad oficial ha sido utilizada como mecanismo para presionar y premiar, castigar y privilegiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas”, según el documento.
Por ello, agrega, deberían establecerse criterios objetivos, claros, transparentes y no discriminatorios en la asignación de publicidad oficial para todos los niveles y órdenes de gobierno.
El informe se detiene en el análisis del derecho penal y la libertad de expresión y las acciones civiles relacionadas con su ejercicio. El Estado Federal, señala, despenalizó los delitos de calumnia, difamación e injurias en 2007 y 18 entidades federativas han despenalizado estas conductas.
Sin embargo, la Ley sobre Delitos de Imprenta de 1917, que prevé penas privativas de la libertad, sigue vigente.
Mientras la Procuraduría General de la República ha iniciado procesos penales contra periodistas que trabajan en radios comunitarias que no contaban con los permisos correspondientes.
Considera el relator especial que los periodistas interesados en asuntos públicos, particularmente aquellos que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas, no deben ser sujetos de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia.
Indica que deben establecerse estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior e incluyendo el estándar de la “real malicia”, así como la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores.
En sus recomendaciones finales, el relator invoca a los propietarios de medios de comunicación a proveer el apoyo apropiado a las y los periodistas, incluyendo protocolos de seguridad y capacitación adecuada para aminorar los riesgos. “Las y los periodistas y sus familiares deberían contar con medidas de seguridad social”.
Insta a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional a seguir apoyando la labor de las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el goce de la libertad de expresión en México.
El Universal
