Dicha petición sostiene que la reforma podría violar los derechos humanos de los involucrados pues no se respetaría el debido proceso y la presunción de inocencia.
“Existe un sólido consenso de los organismos internacionales de derechos humanos acerca de la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con los compromisos adoptados por el Estado Mexicano. Por ello, debería eliminarse”, comunicó el representante.
