Diana Mendez
En un hecho sin precedentes en Oaxaca, el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un dictamen en el que responsabiliza al Estado Mexicano por actos de tortura cometidos por elementos de la Policía Municipal de Tlaxiaco en contra del joven mixteco Ángel Daniel Bautista Vásquez, quien fue agredido brutalmente en 2020.
A raíz de esta resolución internacional y de la recomendación 3/2025 emitida por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, el pasado 18 de julio de 2025 fueron detenidos los policías Jorge Hilario Santiago (o Jorge Santiago Hilario) y Melquiades Avendaño Sarabia, señalados como responsables directos del delito de tortura. Ambos fueron presentados ante un juez de control y actualmente se encuentran bajo prisión preventiva mientras se resuelve su situación jurídica.
Los hechos ocurrieron el 21 de marzo de 2020, cuando Ángel Daniel Bautista llegaba al domicilio de sus padres en el barrio San Nicolás de Tlaxiaco. En ese momento, fue interceptado por policías municipales, quienes, sin justificación alguna, le dispararon en la pierna, lo esposaron y lo trasladaron a un terreno baldío donde lo torturaron, causándole múltiples fracturas y lesiones. El ataque se dio durante la administración municipal de Gaudencio Ortiz Cruz, exalcalde de Morena, periodo señalado por numerosas violaciones a derechos humanos, principalmente contra población indígena.
A pesar de que la denuncia penal fue presentada en abril de 2020 e inició la carpeta de investigación 10481/FMIX/TLAXIACO/2020, fue hasta que el Comité Contra la Tortura de la ONU emitió su dictamen el primero de su tipo contra autoridades de Oaxaca que se logró reactivar el caso. La resolución internacional, emitida el 11 de abril de 2025 y notificada al Estado mexicano el 7 de mayo del mismo año, establece la obligación de investigar, sancionar y reparar integralmente el daño causado a la víctima.
Asimismo, la Defensoría estatal recomendó adoptar medidas de no repetición y garantizar la seguridad de la víctima y su familia, así como ofrecer una disculpa pública por parte del Estado mexicano.
Actualmente existen siete órdenes de aprehensión adicionales pendientes de ejecución y se espera que el próximo 24 de julio se defina la situación jurídica de los dos policías detenidos, dentro de la causa penal 121/2025.
Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas A.C., encabezado por Maurilio Santiago Reyes, han exigido que se cumplan todas las resoluciones emitidas tanto a nivel internacional como estatal, que se juzgue a todos los responsables, incluida la cadena de mando, y que se garantice justicia para Ángel Daniel Bautista Vásquez.
Este caso se suma a un contexto alarmante de impunidad en Oaxaca en torno al delito de tortura. De acuerdo con cifras del propio centro de derechos humanos, entre 2011 y 2025 se han abierto 921 carpetas de investigación con 1,237 víctimas de tortura, sin que hasta la fecha exista una sola sentencia condenatoria, a pesar de la existencia de una unidad especial de la Fiscalía creada en 2017.
Los familiares de la víctima, así como organizaciones civiles, reiteraron su exigencia de verdad, justicia y garantías de no repetición, señalando que este caso representa un parteaguas en la lucha contra la impunidad y en la defensa de los derechos humanos en Oaxaca.
