Representantes de la sociedad civil mexicana consideraron necesaria la visita de Fabián Salvioli, Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición especialmente por el momento político que se vive en el país y la apertura al diálogo que ha mostrado el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
De igual forma, de cara al Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos que tendrá lugar en noviembre en la sede de la ONU en Ginebra, los activistas mexicanos revelaron que han pedido a la comunidad internacional presionar para la creación de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad basado en la CICIG de Guatemala ya que las condiciones en el país se asemejan a las que se vivían en el país centroamericano cuando fue fundada.
En entrevista con Apro los activistas y defensores de derechos humanos mexicanos coincidieron en que hoy más que nunca es necesaria la mirada y el escrutinio internacional para que realmente se lleven a cabo los cambios estructurales que requiere el país y a los que tienen derecho millones de víctimas de severas violaciones de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales, asesinatos, tortura y desapariciones forzadas en la última década.
Donovan Javier Jiménez Ortega, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria reveló que han pedido a Salvioli que visite el país, que acompañe el proceso de la instalación de una Comisión de la Verdad y de la posible creación del Mecanismo Internacional contra la Impunidad.
“Es necesaria la visita de Salvioli y le hemos pedido que ponga énfasis en particular en el caso mexicano, es necesario visibilizar el caso del país en el Consejo de Derechos Humanos y en otros foros internacionales”, dijo Jiménez Ortega.
Salvioli, quien fuera miembro del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas, conoce bien la situación que atraviesa el país ya que le tocó evaluar a México a pocos meses de que el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, conmovió a la comunidad internacional. En aquella ocasión se entrevistó con los padres de los estudiantes y familiares.
“El nuevo gobierno y el nuevo gabinete se ha mostrado abierto en implementar una agenda de justicia transicional, justamente en ese marco cabría muy bien la implementación de un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, para hacer investigación penal de casos de tortura y desapariciones forzadas que son sistemáticas y generalizadas en el país”, consideró Olga Guzmán de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los derechos Humanos.
“El nuevo gobierno ha planteado la posibilidad de implementar una agenda sobre justicia transicional y hoy más que nunca tenemos que pensar en medidas extraordinarias para los problemas nada ordinarios que enfrentan millones de víctimas en materia de acceso a la justicia y de reparación”, remarcó Guzmán.
En cuanto la importancia de Ginebra y del acompañamiento del sistema de derechos humanos de la ONU en este cambio de gobierno, Ana Lorena Delgadillo de la Fundación para la Justicia y Estado Democrático de Derecho, reconoció el diálogo con el gabinete de López Obrador para estos temas a los que ha estado cerrado el gobierno de Enrique Peña Nieto.
“Sin embargo, enfatizó Delgadillo, lo que hemos visto es que la observación de los organismos multilaterales y de la comunidad internacional siguen siendo tremendamente importantes para nuestro país”.
“En México estamos impulsando desde la sociedad civil cambios estructurales en la Fiscalía General de la República, comisiones de la verdad, un mecanismo internacional contra la impunidad, mayor independencia del poder judicial, pero estas medidas se van a lograr si tenemos a la comunidad internacional observando lo que está pasando”, reiteró Delgadillo luego de un evento realizado en el Palacio de las Naciones en el marco de la 39a Sesión del Consejo de Derechos Humanos.
“Hemos visto que México generalmente cuida su fama internacional, cuida su postura en el extranjero y en ese sentido es importante que los países que realmente creen en un estado democrático de derecho pues vean si las garantías de un estado democrático de derecho son efectivas o no en México”, valoró Delgadillo del colectivo #FiscalíaQueSirva.
Por su parte, Anabella Sibrian, de la Plataforma Internacional contra la Impunidad expuso que un punto de partida fundamental será la reforma a la Constitución que se tiene que seguir considerando.
“Un factor fundamental en este tipo de iniciativas como el mecanismo contra la impunidad similar al de la CICIG, es la voluntad política, parece una frase muy trillada, pero tuve la oportunidad de hablar con la exfiscal general Claudia Paz y Paz cuando tenía seis meses en el cargo en Guatemala y ella decía que desde la sociedad civil se hablaba mucho de la voluntad política, pero desde que estaba en el puesto se daba cuenta de que realmente se pueden hacer muchas cosas con voluntad política”, agregó.
Por otra parte, Fabián Salvioli Relator Especial de ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición y especialista en justicia de transición, consideró que “las situaciones de la justicia de transición son diversas y no tienen todas el mismo origen; algunos procesos se derivan de situaciones de conflicto armado, otras de regímenes autoritarios, o de una combinación de ambos”.
Al presentar su informe al Consejo de Derechos Humanos afirmó: “también puede haber otras formas de violencia, o situaciones específicas y particulares en un Estado que dan lugar a la aplicación de medidas de justicia de transición y que no corresponden exactamente a las categorías mencionadas. Por consiguiente, el Relator Especial considera importante determinar si diferentes situaciones pueden, o si efectivamente deben, dar lugar a diferentes soluciones dentro de la amplia gama de medidas de justicia de transición, así como la forma en que pueden tener efectos en cada uno de los pilares del mandato y en su enfoque global”.
En opinión de Salvioli, “originalmente, los mecanismos de justicia de transición no incluían una respuesta a las violaciones relacionadas con la corrupción u otros delitos económicos, sino que se centraban más bien en violaciones manifiestas relacionadas con los derechos civiles y políticos, como las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otros malos tratos”.
“Sin embargo, el alcance de los mecanismos de búsqueda de la verdad se ha ampliado gradualmente para abordar también las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales , la corrupción y la explotación de recursos naturales o públicos a gran escala”, agregó en su informe presentado al Consejo que sesiona en Ginebra.
Para el experto de la ONU, el desafío que plantea la corrupción y la forma de afrontarla y combatirla durante las transiciones políticas “ha ocupado un lugar destacado en los últimos cinco a siete años, cuando en diversos países se puso de manifiesto que la corrupción era un problema importante, junto con el desempleo y otras violaciones de los derechos sociales y económicos, además de las violaciones rampantes de los derechos civiles y políticos”.
“La corrupción generalizada en el sector público es consecuencia de un grave déficit de gobernanza que puede surgir y a continuación ser fomentado por deficiencias del estado de derecho, como instituciones de rendición de cuentas ineficaces y una escasa participación cívica, en conjunción con un Estado que no actúa tanto en interés público como para mantener en el poder a quienes ya lo ocupan”, valoró.
“En este contexto se pone de manifiesto que una mejor comprensión de la cuestión de la corrupción no solo arrojará más luz sobre las condiciones que han permitido que se cometieran violaciones manifiestas, sino que también ayudará a determinar las deficiencias estructurales que habría que abordar en relación con las garantías de no repetición”, agregó.
Explicó que en términos generales se propone, por una parte, llevar a cabo una evaluación a fondo y un estudio conceptual de la interrelación de la corrupción con las violaciones manifiestas de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos económicos, sociales y culturales; por otra parte, también examinará las prácticas recientes de los mecanismos de justicia de transición que tienen el propósito de afrontar la corrupción y otros delitos económicos, así como su intersección y colaboración con otras instituciones del Estado en el ámbito de la corrupción.
Como tema global, el Relator Especial adelantó que centrará su atención en la lucha contra la impunidad y el establecimiento (o restablecimiento) de la confianza como objetivos generales de la justicia de transición.
En relación con los agentes no estatales, Salvioli propone concentrarse en dos cuestiones: primero, el impacto de los grupos armados, en particular en entornos posteriores a un conflicto con un escaso grado de institucionalización, y las cuestiones consiguientes relacionadas con la adecuación de los mecanismos de justicia de transición; y segundo, un examen del papel constructivo que otros agentes no estatales —como las empresas (incluidas las empresas transnacionales), los agentes religiosos o confesionales, los medios de comunicación y los artistas— pueden desempeñar para promover los objetivos de la justicia de transición.
“En este contexto, el Relator Especial también se compromete a colaborar con los Estados Miembros que inicien o emprendan procesos de justicia de transición, mediante un diálogo interactivo y abierto y en un espíritu de plena cooperación, a fin de prestarles asesoramiento técnico y asistencia para llevar adelante esos procesos de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, para el diseño y la consolidación de la paz”, concluyó Salvioli quien sin mencionar al país , bien pudiera estar evocando el caso de México.
Fuente: proceso.com
