Rocío Nahle García, quien será la titular de la Secretaría de Energía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, reitera que se investigará a las filiales de Pemex en el extranjero, pues según la Auditoría Superior de la Federación manejan decenas de millones de pesos que no ingresan a las arcas de la nación. Si bien esas irregularidades datan de hace sexenios, fue durante la gestión de Emilio Lozoya Austin cuando proliferaron las offshore y el consecuente drenaje ilegal de dinero.
Antes del arribo de Enrique Peña Nieto a Los Pinos, Petróleos Mexicanos (Pemex) tenía 150 mil millones de pesos repartidos en 36 empresas afincadas en paraísos fiscales. Y como nadie las auditaba, gran parte de esos recursos no se reportaban a las arcas de la nación.
El éxito de esas empresas offshore –basado en la opacidad– era compatible con la forma de pensar del director de Pemex en esa época, Emilio Lozoya Austin, quien incluso abrió otras 31 firmas en Islas Caimán junto con Alejandro Martínez Sibaja, un ingeniero de larga trayectoria que ingresó a Pemex en 1979.
De manera paulatina, Lozoya Austin trasladó ocho de ellas –donde el gas fue el elemento fundamental– a Madrid, España, sin rendir cuentas al Congreso.
Por esas fechas todas las áreas de Pemex –refinación, exploración, explotación, petroquímica y gas– fueron abandonadas e incluso se les negaron las inversiones; Lozoya Austin se movió hacia la última.
En cuatro de las empresas creadas en España de finales de 2013 a mediados de 2014 se movieron 7 mil 115 millones 597 mil pesos, según documentos consultados por Proceso. Sin embargo, los ingresos reales se desconocen, pues uno de los objetivos centrales de la Reforma Energética fue aumentar la opacidad en las empresas que se dedican a la exportación e importación de petróleo y gas.
En otras palabras, las cuentas se llevan en el extranjero y los integrantes de los consejos de administración de esas empresas no rinden cuentas a Pemex; es más, en algunas ni siquiera se menciona a esta dependencia; sólo se hace referencia al “Estado Mejicano” como accionista.
El gas, negocio de Lozoya
El 1 de diciembre de 2012, cuando Lozoya llegó a la dirección de Pemex, la paraestatal contaba con 36 empresas creadas fuera de su esquema financiero, en una especie de balance paralelo.
Las primeras firmas ubicadas fuera del país, como PMI Holding y PMI Services North America, se constituyeron en 1988; la primera en Holanda, la segunda en Houston, Estados Unidos.
“En 1989 se creó PMI Comercio Internacional como una subsidiaria con autonomía patrimonial, técnica y administrativa, pero subordinada a las decisiones de Pemex”, según detalló el 12 de julio de 2017 la entonces diputada Rocío Nahle García en la Comisión Permanente del Poder Legislativo.
Su propósito, se dijo en aquella época, era comercializar petróleo, gas y petrolíferos de Pemex. No obstante, su función y su número –se conformaron más de 30 entre 1989 y 1992– se fue diversificando. Durante su gestión, Lozoya creó 31 más en el extranjero, entre ellas Mex Gas Cogeneración SL, PPQ Cadena Productiva SL (España), Mexico Pipeline Patners LLC, Sierrita Gas Pipeline LLC (Estados Unidos) y Gas Industrial Services, BV (Antillas holandesas).
Y en el país surgieron: Administración Portuaria Integral PMI, Bici-PMX, Ductos El Peninsular, SAPI, Ductos y Energéticos del Norte, Gasoductos del Noroeste, Gasoductos Ingeniería, Gasoductos Servicios Corporativos, Gasoductos Servicios Subholding, Mexichem Cogeneración Uno, MGC México, MGI Integral, PMI Cinturón Transoceánico Gas Natural, PMI Midstream del Centro, PMI Servicios Portuarios Transoceánicos, PMI Transoceánico GAS LP, PMI Azufre Industrial, PMI Ductor de Juárez, PMI Infraestructura de Desarrollo, PMI Minería, PMI Cogeneración SAPI, Pro-Agroindustria, Tag Norte Holding, TAG Pipelines Norte, TAG Pipelines Sur, y TAG Transístmico.
El gobierno de Enrique Peña Nieto no invirtió en las refinerías; las dejó caer al grado de que hoy trabajan a su mínima capacidad (Proceso 2177). Por lo que atañe a las petroquímicas de Camargo en Tamaulipas, Escolín en Veracruz y la de San Martín Texmelucan en Puebla, las desapareció, mientras que la de Mexichem la vendió a Antonio del Valle.
Las únicas inversiones se canalizaron a los gasoductos. En el de Los Ramones se alió con Sempra; en el de Los Ramones II, con ICA, y en el caso del ducto de Petroquímica Básica, que abastece 600 mil barriles diarios de etano en Etileno XXI, ubicado en Veracruz, la alianza fue con el empresario brasileño Marcelo Odebrecht.
Los 317 millones de euros
El 9 de marzo de 1993, cuando Carlos Salinas de Gortari aún estaba en Los Pinos, el gobierno mexicano creó en Islas Caimán –el territorio ultramarino del Reino Unido– la offshore MGI Supply Limited, dedicada exclusivamente a la importación y exportación de gas.
Casi dos décadas después, con la llegada de Lozoya Austin a la dirección de Pemex y con la aprobación de la Reforma Energética el 11 de diciembre de 2013 se crearon además Mex Gas Internacional Limited, MGI Enterprises y MGI Trading.
Sin que el Congreso se enterara, el día 19 de ese mes, después de que en la Cámara de Diputados las bancadas del PRI, PAN, PVEM y PES avalaron esa reforma, Lozoya canceló la sociedad en Islas Caimán y trasladó varias offshore a Madrid.
De acuerdo con las escrituras consultadas por Proceso, el 7 de mayo de 2014 funcionarios de Pemex –quienes participaron en esos movimientos a título personal– dieron de alta en la capital ibérica a Mex Gas Supply SL, que en las Islas Caimán estuvo acreditada como MGI Supply Limited.
En otras palabras, lo que se trasladó fueron 42 millones 765 mil euros, equivalentes a 957 millones 936 mil pesos, tomando como base la conversión de 22.4 pesos por euro, según el documento consultado.
No obstante, los estatutos registrados ante el notario de Madrid Manuel Richi Alberti refieren que el capital fijo de MGI Supply Limited era de 40 millones 476 mil 517 euros.
Y como la escritura no menciona que Pemex haya tenido participación en esa firma, se infiere que la operación fue entre particulares, pues son ellos quienes manejaron el dinero de las importaciones y exportaciones de gas, que cada año ascienden a miles de millones de pesos.
En la página tres, por ejemplo, el documento señala que las decisiones de ese traslado son del “socio único de la sociedad Mex Gas Internacional Limited”; tres páginas, el documento menciona que “el último accionista es el Estado Mejicano”.
Sin embargo, en la página cinco se recogen las declaraciones del español Íñigo Bastarreche Sangûés, quien a título de “secretario no consejero” de Mex Gas Supply SL compareció ante el notario:
“A efecto de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1072010, del 28 de abril, sobre identificación del titular real de la sociedad otorgante, manifiesta el compareciente que la sociedad por él representada tiene como último accionista al Estado Mejicano”, pero nunca se establece que es una empresa de Pemex, mucho menos que se abastece de recursos por la venta de bienes nacionales.
El encargado de empujar esa operación fue Martínez Sibaja, quien en nombre de MGI Supply otorgó el 27 de septiembre de 2013 el nombramiento al representante español para que acudiera al notario en Madrid.
Martínez Sibaja abandonó Pemex luego de que Lozoya Austin fue removido de la dirección de la paraestatal el 16 de febrero de 2016, meses antes de las acusaciones de soborno por parte de Odebrecht a Lozoya.
Cuando se creó PMI para comercializar el crudo en el extranjero, Martínez Sibaja –quien ingresó a Pemex en 1979– se fue a PMI Services UK, ubicada en Londres, como responsable de la relación comercial con los clientes de petróleo crudo en Europa. Y a partir de 1995 se convirtió en un experto en la transportación del gas, así como en proyectos de infraestructura para tal fin. Justo el área que más interesó a Lozoya para su impulso.
En los sexenios panistas (de 2000 a 2012) Martínez Sibaja estuvo en diversas áreas de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGyPB), la otrora filial de Pemex. Y cuando ésta se reconfiguró tras la aprobación de la Reforma Energética, se integró a Pemex Transformación Industrial, que lideró el propio Martínez Sibaja.
Sin embargo, los funcionarios de Pemex que mueven el dinero de la empresa española son José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra, Roberto Salvador Osegueda Magaña, Juan Marcelo Parizot Murillo y Roberto Jorge de la Huerta Moreno. Y aun cuando sus nombres nunca aparecen en las escrituras como funcionarios de Pemex, suelen intercambiar de posición en los consejos de administración de Mex Gas Internacional SL, Mex Gas Trading SL y Mex Gas Supply Limited.
Así como se fue modificando Pemex, Lozoya cambió el objeto social de Mex Gas Supply SL, que de ser una simple “comercializadora” de gas pasó a ser una especie de Pemex chiquito.
De acuerdo con la documentación consultada, el objeto de la empresa es “la adquisición, suscripción, tenencia, disfrute, administración y enajenación de acciones y participaciones en el activo de otras sociedades, de valores mobiliarios, de renta fija o variable y de activos e instrumentos financieros de cualquier clase, todo ello por cuenta propia”.
Sin embargo, se le encomendaron otras funciones, como la “ejecución, desarrollo, implementación y ejecución de cualquier tipo de negocio o proyecto relacionado con la industria de la energía, petróleo, gas, petroquímicos y cualquier hidrocarburo… la producción, construcción y explotación de energía eléctrica a través de cogeneradoras… y la de administrar los valores de los fondos propios o colocación de los recursos”.
Fusiones de última hora
Este año, durante la administración de Carlos Alberto Treviño Medina, Pemex decidió hacer fusiones; así Supply absorbió a Trading y Enterprises se sumó a Mex Gas Internacional SL.
Registros de España indican que Mex Gas Internacional SL contaba con 68 millones 852 mil 741 euros y Mex Gas Supply SL con 42 millones 765 mil. A esto hay que sumar PMX Cogeneración Internacional SL, dada de alta en el registro mercantil de España el 5 de julio de 2013 con 28 millones 978 mil 83 euros, y a PPG Cadena Productiva SL, instituida el 29 de abril de 2013 con un fondo de 177 millones 65 mil 748 euros.
Al 2014 todas estas cifras sumaron 317 millones 660 mil 572 euros, equivalentes a 7 mil 115 millones 597 mil pesos. Esta suma no pasa por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El 12 de julio de 2017 la diputada Rocío Nahle –quien será la titular de la Secretaría de Energía en la administración de Andrés Manuel López Obrador– demandó a la ASF que “audite” a las 77 empresas de PMI, incluyendo las offshore; también solicitó que “precise la cantidad de dinero que no ingresa a la Tesorería de la Federación y que se ha generado con recursos públicos y se remita al Poder Legislativo”.
Por su parte, la ASF pidió a Pemex información en 2010 y 2011 y la acusó de opacidad. Según la auditoría, por lo menos hasta 2012 había 150 mil millones de pesos que no ingresaban a las arcas nacionales.
Nahle comenta a Proceso que “PMI no es de ningún privado, sino del Estado, y vamos a tomar el control de PMI desde el propio Ejecutivo federal (a partir del próximo 1 de diciembre)”.
Este reportaje se publicó el 4 de noviembre de 2018 en la edición 2192 de la revista Proceso.
Fuente: proceso.com
