Desde el 9 de mayo de este año, habitantes de Ocotlán de Morelos advirtieron al gobierno estatal del riesgo de enfrentamiento en esa comunidad por el conflicto agrario y por la voracidad de los anteriores representantes del Comisariado de Bienes Comunales.
De acuerdo con un documento enviado al gobernador Gabino Cué Monteagudo, señalan que desde el año 1999, dos personas, que ya fueron denunciadas penalmente (una de ellas Gabino Díaz López, quien ese entonces fungía como dirigente de los comuneros), han usado al Comisariado a espaldas de toda la población que fue beneficiada mediante una resolución presidencial de diciembre de 1954.
“Ellos fueron acusados de vender actas de posesión, falsificación de un acta de asamblea y la pretensión de instalar un relleno sanitario, en complicidad con el gobierno del estado anterior (José Luis Bustamante del Valle, entonces director del Instituto Estatal de Ecología).
“Gracias a la oposición de todos los habitantes, dicho proyecto tenemos entendido que fue cancelado… Otro de los actos ilegales realizados fue permitir la construcción del libramiento carretero Oaxaca-Puerto Escondido, mediante un acta falsa”, denuncian.
En seguida plantean: “La importancia de esta carta señor gobernador es requerir su valiosa intervención en nuestros problemas y la pronta solución para que estas personas ya no sigan haciendo estas atrocidades y gire instrucciones a quienes corresponda para que hagan una vigilancia de estos hechos”.
El documento fue firmado por la presidenta del Comisariado, Catalina Hernández, y el presidente de la Comisión de Ciudadanos de Ocotlán, Reynaldo Gómez Maldonado.
¡JUSTICIA!
Como se sabe, el conflicto derivó el pasado 24 de junio en el asesinato de una de las comuneras, Lucina Cruz Villanueva, en manos de Gabino Díaz López, ex dirigente del Comisariado.
Y tras una semana del crimen, los pobladores marcharon este miércoles en la capital para exigir se aplique la ley en contra de la citada persona, pues, argumentaron, hasta el momento la Procuraduría General de Justicia no les ha informado de los avances del caso.
Luego de plantarse frente al Palacio de Gobierno, pidieron una reunión con funcionarios estatales y el mandatario estatal, con el fin de agilizar el proceso en contra del inculpado y que se aplique todo el peso de la ley.
Al final fueron atendidos por funcionarios menores, quienes les prometieron que se investigarán a fondo los hechos para castigar al culpable.
Agencia JM
