* El 30 de septiembre feneció el plazo para iniciar el proceso de elaboración de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informado para los Pueblos Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca.
Los diputados de las Comisiones Permanentes de Asuntos Indígenas y Migración, de Democracia y Participación Ciudadana, de Administración y Procuración de Justicia, y de Derechos Humanos, se han visto obligados a crear la Ley de Consulta Indígena y Afromexicano del Estado de Oaxaca.
No es para menos, pues en su contra existía la amenaza de destitución y consignación ante el Ministerio Público de la Federación, y la consecuente desaparición de la LXIV Legislatura, por incumplir un amparo del Juzgado Décimoprimero de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec.
El próximo lunes 14 de octubre, el Congreso del Estado realizará un Foro Estatal de Consulta para dar a conocer y someter a consideración de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas el protocolo para la elaboración de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada para los Pueblos Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca.
Es un gran triunfo aún no reconocido de la asociación civil Litigio Estratégico Indígena, que pudo solicitar al Juzgado Décimoprimero de Distrito la separación del cargo de los 42 diputados integrantes de la Legislatura del Congreso del Estado.
El presidente de Litigio Estratégico, Carlos Morales, dice que, en caso de proceder, tal acción los diputados no solo serían destituidos, sino puestos a disposición del Ministerio Público federal.
El 11 de julio de 2016 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó legislar sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la república mexicana.
La recomendación general no. 27/2016 emitida por el Ombudsman Raúl González, está dirigida al titular del Poder Ejecutivo federal, Congreso de la Unión, Gobernadores, Jefe de Gobierno de la CDMX y Poderes Legislativos de las entidades federativas de la República Mexicana.
La recomendación tiene carácter público; promueve cambios y modificaciones de normas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos.
Con base en el mismo fundamento jurídico se informó a las autoridades que las Recomendaciones Generales de la CNDH no requieren de aceptación por parte de las instancias destinatarias.
El presidente de la CNDH recomienda asegurar durante el procedimiento legislativo la participación de los pueblos y comunidades indígenas del país realizando consultas a las mismas, y se integre a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas.
Las quejas locales y nacionales por la violación de los derechos humanos, y las denuncias ante organismos internacionales por la inacción del Estado mexicano cobran cada vez más fuerza.
Al mismo tiempo, de manera paralela el Litigio Estratégico avanza a paso firme y se consolida como vía de solución ante la violación de los derechos humanos de la tercera generación.
Son las acciones jurídicas más prácticas y pragmática, eficaces y eficientes, para obligar a los diversos órdenes de gobierno a respetar y hacer respetar la ley. ¡Que cumplan sus obligaciones!
Irónica y cruelmente en México aún no se respetan frecuentemente los derechos civiles y políticos, derechos de primera generación; los derechos sociales obreros, de segunda generación.
Menos aún los derechos de tercera generación, derecho a la paz, a la autodeterminación o a un medio natural sano, y los de cuarta generación, acceso a las nuevas tecnologías de la ciudadanía.
Los integrantes del Poder Legislativo habían incumplido con el plazo impuesto en una sentencia de amparo para articular y emitir la Ley de Consulta Libre, Previa e Informada del Estado de Oaxaca.
Hace cinco meses, el Juez Décimoprimero de Distrito emitió una sentencia de amparo en la que ordenó al Congreso elaborar la Ley de Consulta Libre, Previa e Informada del Estado de Oaxaca.
Sin embargo, aunque se dio al Congreso del Estado de Oaxaca de plazo hasta el 30 de septiembre de 2019, no ha creado la ley; no ha actuado para elaborar la ley; por lo tanto, la omisión persiste.
Los legisladores de los siete partidos de mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional, representados en la Cámara de Diputados han hecho de la violación a la ley una práctica nociva.
Si bien es por demás pública, notoria y evidente, la ineptitud, derivada de la improvisación y la ignorancia garrafal de la mayoría de diputados de Morena; no es menos cierto que cuentan con vastos recursos para pagar asesores jurídicos, por lo que son justificables estos graves yerros.
Tenían hasta el 30 de septiembre para iniciar el proceso de elaboración de la Ley de Consulta Previa, Libre e Informado para los Pueblos Indígenas y Afromexicano del Estado de Oaxaca.
No obstante este término fatal, los diputados no emitieron ningún dictamen al respecto y hasta el viernes 27 de septiembre, tampoco habían solicitado una prórroga para cumplir con la orden.
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