El presidente del Comité de Supervisión Gubernamental en la Cámara de Representantes, Darrell Issa, dirigió hoy un emplazamiento obligatorio a los máximos responsables de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) para que entreguen documentos sobre el fallido operativo de “Rapido y Furioso”.
En una carta dirigida al Departamento de Justicia y a la ATF, el responsable del más poderoso comité de vigilancia y escrutinio en el Congreso ha lamentado el hecho de que los responsables del proyecto deGunrunner y su polémico componente de “Rapido y Furioso” hayan hecho caso omiso de las peticiones y de los plazos que les han dirigido desde el Congreso para entregar toda la información relativa al trasiego ilegal de armas a México.
El plazo concedido a ATF para que presentara la documentación y testimonios solicitados por el comité de supervisión de la Cámara baja venció la noche de ayer jueves.
“La falta de voluntad de ésta administración -específicamente de la ATF- para responder preguntas relacionadas con éste asunto de gravedad extrema es realmente preocupante”, aseguró el congresista por California.
“Las acusaciones que rodean a éste programa son muy serias y la capacidad del Departamento de Justicia para conducir una investigación imparcial han quedado en duda. Por ello, una supervisión desde el Congreso es necesaria para conocer toda la verdad sobre lo que realmente ha ocurrido”, consideró Issa.
El fallido operativo de “Rápido y Furioso” permitió durante más de un año el tráfico ilegal de miles de armas a través de la frontera con México bajo la impasible mirada de agentes de ATF, que intentaban descubrir y desmantelar la red de contrabando de armas organizada por los cárteles de la droga hacia ambos lados de la frontera.
Apenas el pasado 29 de marzo, Darrell Issa exigió a la administración Obama y en particular a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, entregar toda la información requerida por miembros del Congreso sobre la operación “Rápido y Furioso”.
En particular, el congresista exigió a Clinton que entregue “todos los informes” relacionados con los encuentros mantenido en México en el verano del 2010 entre el embajador, Carlos Pascual; el secretario de Justicia, Larry Breuer, y “otros oficiales” para discutir las investigaciones relacionadas con el programa Gunrunner y la fallida operación de “Rápido y Furioso”.
“Le pedimos que presente notas informativas, cables y correos electrónicos de los encuentros que se produjeron entre junio y septiembre del 2010” en Mexico, le especificó Issa al darle un plazo que vence el próximo 12 de abril.
El citatorio emitido hoy por la oficina del congresista Darrell Issa ha coincidido con la difusión de un nuevo reporte del Center For Public Integrity (CPI) en el que, por primera vez, defensores de ATF han decidido dar un paso al frente para denunciar la campaña de acoso y derribo contra una agencia que carece de los recursos y de los medios necesarios para atajar a la poderosa industria de las armas y a sus principales cabilderos en el Congreso.
“Las leyes son muy débiles y los recursos son escasos”, ha señalado Michael Bouchard, ex subdirector de ATF que supervisó las misiones de ésta agencia federal hasta el 2007.
En el reporte elaborado por CPI se hace mención a la capacidad de aprendizaje de los cárteles de la droga, que han descubierto las fisuras legales y el modus operandi de ATF, para organizar una red de “prestanombres”. Pero, además, hace mención de las ofensivas orquestadas desde la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA) para obstaculizar las iniciativas de ATF a favor de un mayor control de la venta de armas de asalto a lo largo de las más de 8 mil armerías que existen en la frontera con México.
