“Entre la justicia y la ley, no dudo en escoger la justicia”, dijo en alguna mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador y como ya es costumbre, una buena parte de sus simpatizantes y bots en redes le aplaudieron el precepto. Y aunque a partir de entonces se ha decantado una serie de irregularidades con mayor intensidad y frecuencia, la realidad es una, el atropellamiento a la ley por parte de la sociedad ya es una cultura desde que México es México y el mandatario sólo institucionalizó una costumbre arraigada de la ilegalidad. Porque estará de acuerdo conmigo, estimado lector, que el problema de esa visión es quién va a determinar cuál asunto es justo y cuál no ¿El presidente de la República; los gobernadores; los presidentes municipales; los ciudadanos? El tema empieza a tomar tintes de drama cuando dos partes contrapuestas consideran justa su causa, porque entonces cómo aplicar un resolutivo. Hasta donde alcanza mi comprensión en estos temas, la justicia la imparten los jueces y no basados en su criterio personal, sino jurídico, así como su agarradera es la ley; si dos o más partes no están de acuerdo en algo, acuden a un juzgador y mediante un proceso legal se emite una sentencia y la sociedad debe acatarse a ésta. Pero si en lugar de utilizar este procedimiento que exige pruebas y comprobaciones o si a pesar de éstas, se toma una decisión a criterio porque alguien la considere justa, a pesar de no ser legal, el resultado es, sin dudarlo un minuto, el caos. Un ejemplo devastador de violación a la ley y tolerado por todos los responsables de aplicar la legalidad es el caso del municipio de San Agustín Etla, donde en un conflicto de varias décadas contra el municipio de Nuevo Zoquiapam en los Valles Centrales de Oaxaca por la propiedad entre sus respectivos comisariados de bienes comunales por 800 hectáreas en disputa, concluyó en un juicio resuelto en agosto del año pasado, luego de 23 años de llevar la disputa ante los tribunales agrarios respectivos quienes terminaron dando la razón a San Agustín, Etla. El presidente municipal de esta población, Luis Rey Ortiz Santiago, acompañado del presidente de bienes comunales del mismo lugar, Erick Pérez Ruiz, presentaron a esta columna la cédula real del año 1584 donde se traza la propiedad de las tierras en conflicto a favor de ellos, mismo documento, entre otros, valorados por el poder judicial al darles el gane. Luego de distintos procedimientos en cuatro instancias y de 23 años de juicio, el pasado 4 de febrero del presente año se presentaron las autoridades de San Agustín Etla junto con el ejecutor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a realizar el asentamiento legal de los límites, acompañados por la Guardia Nacional en calidad de representantes de la fuerza pública ordenada por el Poder Judicial para la correcta diligencia, pero todos ellos fueron recibidos a balazos por pobladores y autoridades de Nuevo Zoquiapam, quienes secuestraron a un integrante de la Guardia Nacional y les obligaron a retirarse luego de liberar al guardia retenido, tras varias horas de la privación ilegal de la libertad del gendarme. El edil de Zoquiapam, Francisco Hernández Cuevas, quien comanda al grupo armado, dijo en entrevista a esta columna que no sólo va a permanecer la población actual armada en la zona, sino están planeando llegar más en el transcurso de estos días. Acusó el presidente Hernández Cuevas de vendidos y de corruptos a los jueces del Tribunal Agrario, de la Segunda Instancia, de la Suprema Corte de Justicia, al juez de amparo y hasta el gobernador y sus funcionarios involucrados en el tema, y por tal razón, no reconoce el mandato judicial ni piensa obedecerlo porque las tierras son de ellos, a pesar del juicio perdido en todos los niveles, y van a defender lo considerado como suyo con las armas. Agregó Francisco Hernández vislumbrar como su última opción hablar “en buena onda” con el presidente Andrés Manuel porque él puede dar la orden para regresarles sus tierras. Cabe mencionar dos de los varios delitos cometidos por la gente de Zoquiapam y en particular por el presidente municipal, uno de ellos abuso de autoridad y el otro desacato a un mandato judicial; en ambos casos procede la destitución del cargo y cárcel. Por otra parte, las autoridades de San Agustín, Etla acudieron con el secretario General de Gobierno, Héctor Ánuar Mafud Mafud para exponerle el conflicto, la resolución judicial obtenida a su favor y pedirle la ayuda necesaria para hacer valer la legalidad; los recibió en su oficina y los tuvo esperando casi una hora, tiempo en el cual regresó la secretaria de Mafud a decirles que el secretario se había ido a ver otros asuntos, pero él revisaría su caso después y los llamaba. Por supuesto, esa llamada no ha llegado después de 15 días de la visita. Mientras, los ánimos se caldean y el enfrentamiento con armas está latente entre San Agustín y Nuevo Zoquiapam.
A pesar de lo asombroso e increíble de un estado no de derecho, sino de chueco, no es un caso aislado el de estas comunidades en materia de violación de la ley. Sólo por nombrar de pasada otros ejemplos, la despenalización del aborto se aprobó en sus leyes secundarias, pero es contradictoria porque el mandato constitucional no permite esa despenalización por considerar a la persona desde la concepción y no hasta las 12 semanas como lo marca la reforma reciente. Otro, el cierre cotidiano de calles y carreteras federales son delitos de prisión, pero las autoridades tienen una tolerancia infinita. Las fuerzas del orden público y en especial la Guardia Nacional cuya función de todos ellos es salvaguardar el cumplimiento de la ley incluso con el uso de la fuerza, se entregan al chantaje de la delincuencia, una y otra vez. Lo dicho, en Oaxaca el estado de derecho es un estado de chueco.
