La aprobación de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en los cuerpos de Seguridad de la entidad, por parte de la LXI Legislatura del Estado, ubica al Estado de Oaxaca como punta de lanza a nivel nacional en materia de seguridad pública.
Y es que Oaxaca, junto con el Distrito Federal, son las únicas entidades que cuentan con la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública por parte de los integrantes de las instituciones de Seguridad Pública.
Con esta nueva Ley aprobada por el Congreso del Estado durante el primer año de ejercicio legal, se dotó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la sociedad oaxaqueña en general de un marco legal que regula el uso de la fuerza pública, así como su forma de intervención en situaciones de crisis, como las manifestaciones y bloqueos de vialidades e instalaciones.
Esta norma se aplicará “cuando se requiere lograr fines de la seguridad pública o evitar el daño la integridad, derechos y bienes de las personas, las libertades o el orden público”, señala el Artículo 4 párrafo V.
La Ley contempla la implementación de técnicas de disuasión y negociación, antes de la utilización de medidas que requieren mayor fuerza o, incluso, el uso de las armas intermedias o de fuego, en casos de movilizaciones, bloqueos o toma de oficinas públicas y detenciones, a fin de evitar violaciones a los derechos humanos.
Con esta ley que entró en vigor el 20 de septiembre del año pasado las corporaciones policiacas del Estado y los municipios que operaban cotidianamente sin un marco legal que regulara su desempeño, se sujetan a esta legislación en pro de garantizar los derechos fundamentales de la sociedad oaxaqueña.
Mientras tanto, en el resto del país, las policías de los 29 estados restantes del país, salen a las calles a enfrentar multitudes sin contar con un marco legal que regule su actuación, ni cómo proceder en este tipo de situaciones.
A las anteriores leyes se suman al proyecto del secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, entregado al Senado de la Republica, que delineó 30 reglas para el uso legítimo de la fuerza, a fin de garantizar la seguridad de la población civil inocente involucrada en operativos, además de evitar excesos en el uso de armas de fuego y en la contención de protestas sociales que deriven en enfrentamientos.
Se trata de los lineamientos generales para la Regulación del Uso de la Fuerza Pública por parte de las Instituciones Policiales de los Órganos Desconcentrados en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que establecen los derechos de los propios policías de resguardar su integridad física, pero los delimita a un comportamiento inteligente, pues de lo contrario se les fincarán responsabilidades.
La SSP federal ha dado a conocer que entre las diez instancias que más frecuentemente son señaladas de violar los derechos humanos figura el Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Federal (PF), Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de Marina (Semar).
