Autoridades federales y estatales plantean ampliar la coordinación institucional, profesionalizar a los órganos especializados y facilitar mecanismos legales para resolver conflictos sin recurrir necesariamente a procesos penales prolongados.
Con el propósito de fortalecer el acceso a la justicia mediante el diálogo, la coordinación interinstitucional y la reparación del daño, Oaxaca fue sede de la Quinta Sesión Ordinaria del Grupo Nacional de Órganos Especializados de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), encuentro que congregó a autoridades federales, estatales y representantes de las fiscalías de todo el país.
Durante la ceremonia inaugural, el fiscal general del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, sostuvo que las instituciones de procuración de justicia deben replantear sus prácticas para responder de manera efectiva a las necesidades de la población, colocando a las personas en el centro de sus actuaciones y ofreciendo soluciones que permitan recuperar la tranquilidad, la dignidad y la confianza.
Ante el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz; la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, y la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, Erika María Rodríguez Rodríguez, el funcionario señaló que la justicia no debe limitarse a la aplicación de procedimientos, códigos y disposiciones legales, sino que también debe garantizar que quienes acuden a las instituciones sean escuchados y encuentren respuestas a sus conflictos.
Rodríguez Alamilla destacó que, en muchas ocasiones, las personas buscan recuperar aquello que una controversia les ha arrebatado, ya sea su patrimonio, tranquilidad, dignidad o confianza. Por ello, consideró necesario reflexionar sobre la manera en que se entiende e imparte justicia, así como cuestionar las prácticas institucionales que pueden limitar la atención de las necesidades sociales.
En ese sentido, explicó que los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias representan una vía para atender determinados conflictos mediante el diálogo, la responsabilidad de las partes y la reparación del daño, sin que necesariamente deban desarrollarse procesos penales prolongados, siempre dentro de los casos y condiciones que establece la ley.
Por su parte, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, resaltó que este tipo de encuentros permiten construir sinergias y fortalecer la colaboración entre las fiscalías y procuradurías del país, con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso a la justicia.
La funcionaria subrayó que el trabajo de las instituciones tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas y las comunidades, por lo que consideró indispensable generar instrumentos de coordinación y establecer criterios que permitan mejorar el funcionamiento de los órganos especializados.
Asimismo, señaló que el encuentro representa una oportunidad para impulsar servicios de calidad, sustentados en la prontitud, el profesionalismo, la eficacia, la transparencia y la ética, principios que deben orientar la atención a las personas usuarias de estos mecanismos.
En su intervención, el gobernador Salomón Jara Cruz afirmó que la reunión nacional permite profundizar la reflexión sobre uno de los principales desafíos de las instituciones: garantizar que la justicia sea más cercana, accesible y humana, y que responda verdaderamente a las necesidades de la sociedad.
Jara Cruz indicó que hablar de justicia implica colocar en el centro a las personas, particularmente a las familias que buscan resolver sus conflictos, a las mujeres y hombres que necesitan ser escuchados, así como a las víctimas que esperan justicia y una reparación integral del daño.
También hizo referencia a los pueblos y comunidades que históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a los servicios de procuración e impartición de justicia, por lo que consideró necesario ampliar las alternativas institucionales para atender sus necesidades.
El mandatario estatal puntualizó que recurrir a los mecanismos alternativos no significa renunciar a la justicia ni sustituir las responsabilidades de las autoridades, sino ampliar las posibilidades para que las personas encuentren soluciones legales, voluntarias, oportunas y adecuadas a las circunstancias de cada caso.
Buscan ampliar la cobertura y mejorar la atención
El objetivo central de la Quinta Sesión Ordinaria del Grupo Nacional de Órganos Especializados de MASC es concertar acciones de difusión, capacitación y coordinación interinstitucional que permitan ampliar la cobertura y mejorar la eficiencia en la aplicación de estos mecanismos en las distintas entidades del país.
Entre los temas contemplados en las sesiones se encuentra la emisión de lineamientos para la derivación de casos, la coordinación de estrategias para difundir la justicia alternativa y promover una cultura de paz, así como la elaboración de programas de capacitación dirigidos al personal especializado.
Otro de los puntos será analizar la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias a distancia, mediante el uso de herramientas tecnológicas, con la intención de incorporar nuevas opciones para facilitar la atención de las personas usuarias.
En el acto inaugural también participaron la presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXVI Legislatura del Congreso de Oaxaca, Tania Caballero Navarro; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Félix Quiroz Javier; el comandante de la Décima Región Naval de la Secretaría de Marina, Leopoldo Jesús Díaz González Solórzano; la titular del Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Laura Angelina Borbolla Moreno, y el coordinador estatal de la Guardia Nacional en Oaxaca, Carlos Salvador Hernández Carbajal.
Como parte de las actividades, al concluir la ceremonia inaugural se impartió la conferencia magistral «El papel de las personas facilitadoras en la solución de conflictos y construcción de la paz», a cargo del doctor Aldo Antonio Trapero Maldonado.
Con este encuentro, las autoridades buscan establecer acuerdos y criterios comunes para fortalecer la justicia alternativa en México. El desafío será traducir la coordinación y los compromisos institucionales en servicios accesibles, oportunos y eficaces, que permitan a la ciudadanía resolver los conflictos contemplados por la ley sin perder de vista los derechos de las víctimas ni las obligaciones de las instituciones.
