La Fiscalía General del Estado es la institución responsable de la representación de la sociedad, encargada de investigar los delitos cometidos en el Estado, por ello es de suma importancia que este órgano tenga la mayor solvencia constitucional para desarrollar tan valiosas tareas en materia de procuración de justicia, destacó el diputado Local, Horacio Antonio Mendoza
En relación al dictamen que propone modificaciones constitucionales para el fortalecimiento de la autonomía de la Fiscalía General del Estado, en Sesión Extraordinaria, Antonio Mendoza consideró como un gran aporte de esta Legislatura, brindar a la sociedad mejores herramientas normativas para la efectiva procuración de justicia en la Entidad.
Durante su intervención ante el pleno, el legislador perredista expuso que la reforma que se plantea a la Constitución Local, en lo sustancial se equipara a la disposición constitucional federal y al considerar ampliar el período de funciones del Fiscal General, se busca fortalecer la independencia y autonomía de la procuración de justicia.
En ese sentido, explicó “la duración en el cargo del Fiscal General, se modifica de cuatro a siete años, lo cual obedece al carácter autónomo de la Fiscalía General del Estado y con ello también su fortalecimiento ante cualquier pretensión extralegal por parte del poder público”.
El también integrante de la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales, se pronunció a favor de la reforma en cuestión, y resaltó el notable avance que se tiene no sólo en el reconocimiento que otorga la Constitución para que la Fiscalía General cuente con los fiscales para delitos electorales y de combate a la corrupción, sino para que ahora en su nombramiento intervenga el Congreso de manera determinante mediante el procedimiento legal ya establecido.
En ese sentido, Antonio Mendoza, dijo que esta reforma prevé que para la designación del nuevo fiscal, se requiere la votación de las dos terceras partes de los Diputados presentes de la LXIII Legislatura, tanto para la integración de las listas de aspirantes, como para su nombramiento, “con ésto, se asegura que dicho servidor público en turno tenga el consenso de las diversas fracciones parlamentarias, lo que le otorgará la legitimidad del Poder Legislativo Estatal, para desempeñar de manera solvente sus funciones”, finalizó Horacio Antonio.
