El procurador de Justicia de Oaxaca, Manuel de Jesús López, aceptó que dicha institución está infiltrada y corrompida por el crimen organizado y la corrupción, pero aseguró que en los últimos meses se dio de baja a menos 10 elementos, incluidos integrantes de la Agencia Estatal de Investigación, peritos y agentes del Ministerio Público.
“Es cierto, no voy a ocultar nada, prefiero actuar conforme a derecho, porque no vengo a jugar capital político, pero he encontrado hechos ilícitos” en la corporación.
“El gran problema de la instituciones de Justicia en el país es que muchas están corrompidas o infiltradas, y Oaxaca no es la excepción. Por eso la importancia de tener esquemas de control de confianza y acciones de erradicación de la corrupción.
“Yo encontré y llegué a una procuraduría infiltrada y coptada por la delincuencia, viciada; la estamos modernizando, pero hacerlo solo está campeón.”
En entrevista con MILENIO, resaltó que la más reciente consignación involucró a cuatro agentes investigadores acusados de extorsión.
Los implicados —integrantes del Departamento de Robos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AIE)— pretendieron hacerse pasar como integrantes del crimen organizado para cobrar hasta 100 mil pesos a sus víctimas.
Se trata de Juan David García Caserer, Adolfo Julián Miguel, Gabriel González Martínez y Arturo Morales Morales, arrestados por efectivos de la División de Asuntos Internos de la corporación cuando pretendían escapar en un vehículo Honda Accord gris, placas TKE-9960, robado a un burócrata en el céntrico histórico del estado.
Los policías fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público y acusados de los delitos de delitos de extorsión y asociación delictuosa.
Uno de los empresarios extorsionados menciono que en repetidas ocasiones los uniformados simularon ser parte del cártel de Los Zetas y amagaban con secuestrar a sus familiares si no cubrían las cuotas.
Manuel de Jesús López reconoció que en los últimos 10 meses se dieron de baja 30 agentes de investigación, la mayoría por incurrir en presuntos actos de corrupción, de los cuales 10 enfrentan procesos penales por delitos graves.
Asesinato de maestros
El procurador estatal respondió a grupos y organizaciones —particularmente a los profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación— que lo han criticado por los nulos los avances en materia de justicia.
“Es cierto, hemos tenido retrasos, pero son comprensibles, porque no son consecuencia de una ineficacia u omisión”, señaló.
Recordó que hay una fiscalía para delitos de trascendencia social, que trabaja de forma eficiente. “Hubo un impasse porque los profesores no estuvieron de acuerdo con el fiscal; tuvimos que cambiarlo y pasamos a un proceso de consenso hasta designar un nuevo titular, y tuve fiscal legitimado hasta agosto”.
El procudador indicó que hay indagatorias que están relacionadas con los crímenes cometidos tras el conflicto social de 2006 y siguen en poder de la Procuraduría General de la República.
“Hemos solicitado su regreso al fuero común, pero ha permeado la burocracia; de los 26 crímenes cometidos, la mitad se encuentra en tramitación”, indicó.
Milenio
